miércoles, 12 de junio de 2013

Estados Unidos aplica sanciones contra familiares y empresas de Caro Quintero

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Washington: El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones contra familiares directos y presuntos socios del narcotraficante Rafael Caro Quintero, así como 15 entidades relacionadas con ellos por su asociación con el tráfico de drogas de la agrupación encabezada por Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.

“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red familiar y a prestanombres para, con su fortuna, invertir en unas ostentosas y legitimas compañías y en proyectos de inversión de bienes raíces en la ciudad de Guadalajara”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) durante una teleconferencia.

“Con la asistencia del gobierno de México, la Ofac continúa asestando golpes a los traficantes de drogas en sus proyectos de lavado de dinero y a todos aquellos que los apoyan en sus actividades ilícitas”, subrayó Zsubin.

Como parte de esta decisión que se integra en la continua venganza de la Administración Federal Antidrogas (DEA) contra Caro Quintero por el asesinato en 1985 del agente Enrique, “Kiki”, Camarena, el Departamento del Tesoro designó como narcotraficantes “más significativos” a seis miembros de la familia del excapo del cártel de Guadalajara.

A la lista negra de los narcotraficantes más peligrosos del mundo que elabora el gobierno de Estados Unidos se integran cuatro de sus hijos, su esposa y su nuera y otras 12 personas relacionadas con ellos.

Se trata de: Héctor Rafael Caro Elenes, Roxana Elizabeth Caro Elenes, Henoch Emilio Caro Elenes y Mario Yibran Caro Elenes los cuatro, hijos del presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique Camarena, ocurrido hace 28 años. Su esposa, Maria Elizabeth Elenes Lerma y su nuera Denisse Buenrostro Villa también se agregan a la lista negra del Departamento del Tesoro.

Los otros 12 afectados son: Humberto Vargas Correa, presunto secretario personal de Caro Quintero y al clan de la familia Sánchez Garza, de Guadalajara, a la que la OFAC liga directamente con “El Azul”.

Los integrantes de esta familia son: José de Jesús Sánchez Barba, sus tres hijos Mauricio, José de Jesús y Diego Sánchez Garza, la madre de estos, Beatriz Garza Rodríguez, sus nuera; Hilda Riebeling Cordero, y sus primos Ernesto y Rubén Sánchez González.

En la lista el Departamento del Tesoro incluyó a su vez a Michael Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y a Luis Cortes Villaseñor.

Las 15 entidades ligadas a Caro Quintero designadas por la OFAC como frentes para el lavado de dinero procedente de la venta de las drogas son: ECA Energéticos, S.A. de C.V., El Bano de Maria S. de R.L. de C.V., Hacienda Las Limas S.A. de C.V., Pronto Shoes, S.A. de C.V., Grupo Fracsa, S.A. de C.V., Dbardi, S.A. de C.V., Grupo Constructor Segundo Milenio, S.A. de C.V., Restaurante Bar Los Andariegos y Piscilanea S.A. de C.V.

“Estas designaciones son otra herramienta esencial que nos ayuda a combatir a los criminales de carrera para obligarlos a que se mantengan en las sombras, con lo cual se les dificulta más el uso de las ganancias que han amasado con la venta de las drogas”, dijo, por su parte, Gary Haff, jefe interino de la Sección de Operaciones Financieras de la DEA.

Es de destacarse que este tipo de designaciones a presuntos narcotraficantes y frentes del lavado de dinero regularmente el Departamento del Tesoro las transmite por medio de comunicados de prensa, pero en este caso se realizó la teleconferencia debido a que se trata de familiares, socios y entidades ligadas a Caro Quintero, quien purga una sentencia de 40 años de cárcel en una prisión federal en México.

“Nada podrá limpiar el dinero sucio, que se paga con la violencia y sus víctimas, incluido al agente especial de la DEA Kiki Camarena. La DEA está comprometida a que garantizar que se aplique la justicia y no descansaremos hasta que sus redes criminales globales hayan sido destruidas, sus bienes confiscados y que se les haya privado de la libertad”, acotó Haff.

Bajo las designaciones instruidas por el Departamento del Tesoro queda prohibido a todo ciudadano estadunidense o entidad bajo la jurisdicción de Estados Unidos tener cualquier relación directa e indirecta con los afectados.

La violación a este ley implica sanciones por demandas civiles de más de un millón de dólares, sentencias de cárcel de hasta 30 años, multas de hasta 5 millones de dólares en casos criminales para las corporaciones y sus ejecutivos, y de hasta 10 años de cárcel cuando se trate de una persona civil en una caso criminal.

Pese a estar purgando su sentencia de cárcel en México, en el Distrito Central del Estado de California, a Caro Quintero se le acusa formalmente de los delitos criminales de tráfico de drogas, secuestro y el homicidio de Camarena.

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