AUTOR: JUAN VELEDÍAZ.
El ‘levantón’ de un candidato a regidor en Torreón, Coahuila; el clima hostil en la zona serrana de Durango donde hay municipios en los que ni PRD ni PAN podrán presentar candidatos; y las amenazas del narco en Chihuahua y Tamaulipas, son un botón de muestra del clima de acoso y temor en que se realiza el actual proceso electoral.
Avanzaba la noche cuando José Luis sacó un celular y pudo hacer una llamada para pedir auxilio. Se comunicó con el equipo de campaña de Raúl Sifuentes Guerrero, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Torreón, y avisaron que aquellos hombres los tenían incomunicados en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sifuentes contactó con el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, con quien se reunió minutos después para dirigirse a las instalaciones de la Policía Municipal. Cuando llegaron preguntaron por los hermanos Sánchez Ramírez, el personal a cargo de las instalaciones negó que se encontraran ahí detenidos. Mejía Berdeja tomó el celular y marcó al número del que habían recibido la llamada, contestó José Luis quien les dijo que los tenían dentro de la camioneta en la parte trasera de las instalaciones.
Cuando los agentes se percatan que el legislador federal y el candidato a la alcaldía caminaron hacia la parte posterior, una patrulla arrancó con Óscar Sánchez Ramírez dentro, quien alcanzó a avisar que se lo llevaban. Subieron a su vehículo y comenzaron a seguirlos por las calles de Torreón, al momento de dar una vuelta en una de las avenidas le tocó un alto, lo que aprovechó el candidato a regidor para bajarse de la unidad y subirse a la camioneta donde viajaba Sifuentes. Esa noche decidieron refugiarse en las instalaciones que albergan la comandancia de la Onceava Región Militar.
El domingo 23 a mediodía, Sifuentes en compañía de su equipo de campaña, denunció el ‘levantón’ perpetrado por aquellos dos hombres armados, quienes en ningún momento se identificaron y actuaron con un modus operandi muy similar al de cualquier grupo de la delincuencia organizada. Señalaron que la campaña se ha desarrollado en un clima muy tenso, no sólo por la densa atmósfera que rodea la región que, hasta hace unas semanas, vivió días aciagos por las disputas armadas de grupos de la delincuencia organizada, sino porque el PRI ha tenido una muy mala administración municipal, con un adeudo de más mil millones de pesos en el presupuesto y temen que llegue la oposición a la alcaldía de Torreón. En Coahuila, habrá elecciones para renovar 38 ayuntamientos.
Horas más tarde, Adelaido Flores Díaz, director de Seguridad Municipal, negó que sus hombres hayan participado en el ‘levantón’ que les atribuyeron. Dijo que por radio se enteró que sus agentes habían infraccionado el auto del candidato Sifuentes por conducir a exceso de velocidad y pasarse algunos altos.
Los mensajes
Héctor González Martínez viajaba a bordo de una camioneta por un camino rural en la zona serrana del norte de Durango, muy cerca de los límites con los estados de Chihuahua y Sinaloa. Recuerda que desde la cabina del vehículo observó, junto al párroco de la localidad de San Bernabé que lo acompañaba, que a mitad del camino había un retén de hombres armados. Desde que era arzobispo de la Diócesis de Durango sabía que eso ocurría con frecuencia por esos lares, pero hasta ese momento a él nunca le había pasado. Venían de una visita pastoral en una de las localidades más apartadas de éste municipio, y de regreso fueron obligados a detenerse.
Monseñor González se identificó ante los individuos, éstos revisaron el vehículo, hicieron que se bajaran y cuando se cercioraron quiénes eran, los dejaron ir. El episodio ocurrió en la primavera del 2009. Tiempo después, durante una de sus homilías en la catedral de Durango, el prelado denunció que sus feligreses de manera continua le pedían ayuda por la proliferación de grupos armados en esa región. En una ocasión dijo que “todo mundo lo sabía menos las autoridades”, que en el municipio serrano de Guanaceví, por aquellos rumbos donde se había topado con un retén armado, se ocultaba Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Más de tres años después, a decir de los líderes del PAN y del PRD en ese estado, la situación se agravó. Hace unos días durante una gira de apoyo de los líderes nacionales de ambos partidos a sus abanderados que contienden por presidenciales municipales y las diputaciones al Congreso local, se informó que nueve candidatos a puestos de elección popular, siete del PRD y dos del PAN, habían tenido que renunciar ante amenazas del narco. Tanto el PAN como el PRD no tienen candidato para la presidencia municipal de San Bernabé, el municipio donde fue retenido el arzobispo González en 2009.
Las campañas tampoco han sido como en otros años. En el estado de Chihuahua más de la mitad de los municipios el PAN realizan actos proselitistas bajo amenaza del narco. En al menos 40 de los 67 donde se elegirán alcaldes y diputados, los candidatos lo hacen con temor de que les pueda pasar algo, declaró hace unos días el líder del blanquiazul en ésta entidad Mario Vázquez Robles.
Geografía de asesinatos contra candidatos y políticos
Las campañas han sido austeras en Chihuahua. Donde están en juego 33 diputaciones locales y 67 ayuntamientos, el PAN se vio forzado a abandonar la contienda en dos municipios serranos. El primero, en Maguarichi en la sierra Tarahumara, donde las advertencias fueron constantes contra su candidato; y en Gómez Farías, ubicado en la zona colindante a Sonora, donde las amenazas de muerte tienen antecedentes de que se concretan. Hace menos de un año, Raúl Rascón Soto comisario ejidal de éste municipio, quien pintaba para ser el abanderado blanquiazul a la presidencia municipal, desapareció a manos de un grupo armado y a la fecha no se sabe nada de él.
Estos dos municipios están en la ruta de tránsito de la droga que se mueve por la sierra y que tiene su epicentro de producción en la parte montañosa del municipio de Guadalupe y Calvo, en el corazón del Triángulo Dorado, donde se une Chihuahua con Sinaloa y Durango. En ese municipio el narco no respeta ni a los abanderados del PRI. De acuerdo a información de la Fiscalía de Chihuahua, la antigua procuraduría de justicia estatal, éste municipio está considerado uno de los más violentos a nivel nacional en función de su tasa poblacional, alrededor de 51 mil habitantes, la mayoría diseminados en comunidades rurales de no más de dos mil personas.
Este municipio es una zona que está en disputa entre grupos armados del cártel de Juárez, mermado en los últimos dos años, y el cártel de Sinaloa, quien controla la mayoría de los pasos, cañadas, planicies y montañas en esta región.
Los reflectores mediáticos se posaron hace unos días de nueva cuenta en este municipio cuando al caer la noche del lunes 11 de junio, Jaime Orozco Madrigal candidato del PRI a la alcaldía, fuera secuestrado por un grupo armado que entró por él a su casa y se lo llevó con rumbo desconocido. Su cuerpo apareció sin vida días después en una zona aledaña a la cabecera municipal. El antiguo director de Obras Públicas del Ayuntamiento, formaba parte de la administración del ex alcalde Ramón Mendívil Sotelo, asesinado a tiros en 2010 por un grupo armado.
Con el asesinato del candidato tricolor y la renuncia del abanderado del PAN a la contienda, la incertidumbre imperaba hasta hace unos días entre la población, a menos de dos semanas para la elección de la autoridad en este municipio, donde hace un mes toda la policía local fue obligada a huir ante el arribo de un comando armado.
La violencia de los grupos del narcotráfico que se disputan rutas y municipios en Chihuahua ha hecho mella en los últimos años contra los políticos en distintas zonas de la entidad. En febrero pasado, David Carrasco Carnero, aspirante a la presidencia municipal de Julimes, fue encontrado muerto con varios impactos de bala en el cuerpo. El hallazgo se realizó bajo un puente de esta comunidad, pocos días después de que la familia de quien ya había sido alcalde -en el periodo 2004 a 2007- denunciara su desaparición.
Las amenazas contra alcaldes no solo se cumplen, sino que algunos otros se fallan, como pasó con Ricardo Solís Mejía, presidente municipal de Gran Morelos, quien sobrevivió a un atentado a tiros el año pasado y tuvo que renunciar al cargo para huir y pedir asilo en Estados Unidos. Su sustituto, Tomás Arturo Antillón también tuvo amenazas que se materializaron a varios kilómetros de ahí, en el municipio de Cuauhtémoc, donde un grupo armado asesinó a su hijo y a su nieta a las afueras de un centro comercial.
Las familias de los políticos también han sido blanco de los pistoleros al servicio del narco. En mayo de 2011, Silvia Moreno Leal, ex alcaldesa de Balleza, murió atacada a tiros, siguiendo el mismo derrotero, en 1998, su esposo Raúl Fernández, quien fue asesinado cuando realizaba campaña por la presidencial de este municipio. El hijo de ambos, Edwin Fernández Moreno, también fue acribillado a tiros en el año 2010.
El alcalde panista de Namiquipa, Héctor Ariel Meixueiro Muñoz, fue asesinado a tiros el 14 de julio del 2009, luego de que un grupo armado lo interceptara a bordo de su vehículo en un camino cercano a la comunidad. Otro presidente municipal asesinado fue Juan Manuel Lara Rodríguez, alcalde priísta de Guadalupe, Distrito Bravos, muerto a tiros el 19 de junio de 2010.
Durango y Tamaulipas contra el PRD
Fueron siete los municipios donde el PRD se quedó sin candidatos para contender en las próximas elecciones, dijo el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, el pasado lunes 10 de junio en una gira por Durango. En esta entidad están en disputa 39 ayuntamientos y 30 diputaciones locales. Los municipios donde los candidatos perredistas bajaron la guardia ante amenazas del narcotráfico fueron: Canelas, Tamazula, Hidalgo, Otáez, San Bernardo, en la región serrana del Triángulo Dorado, y tampoco lo harán otros tantos en San Pedro del Gallo y Nazas, ubicados al otro extremo del estado, en la zona del semidesierto.
También en Durango, el PAN no sólo no tiene candidato a la presidencia municipal de San Bernardo, sino que se quedó sin abanderado en Indé, donde el presidente municipal en funciones, Ernesto Reyes Núñez, fue atacado a tiros por un comando armado en noviembre pasado. En ese hecho, ocurrido en un camino local, cinco de sus familiares perdieron la vida y cinco más fueron reportados por la prensa local como desaparecidos. Ante ello, el funcionario inició los trámites legales para solicitar asilo político en Estados Unidos, ante las amenazas constantes sobre su persona.
Pero los ataques del narco van más allá de los candidatos y funcionarios municipales. El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) solicitó al gobierno del estado un blindaje especial para los órganos distritales, luego de que en marzo pasado, un comando armado sacó por la fuerza al consejero electoral Ramiro Garay Medina, miembro del Consejo Electoral Distrital número 2, con sede en Nuevo Laredo. Desde entonces, de acuerdo a reportes de la prensa local, se desconoce el paradero del consejero.
Cuitláhuac Ortega Maldonado, dirigente perredista en Tamaulipas, declaró hace unas semanas que su partido se quedó sin candidatos a la presidencia municipal en Hidalgo y Miquihuana, municipios ubicados en la región centro del estado, debido a las amenazas constantes del crimen organizado.
Si el abanderado del PAN a la alcaldía de Reynosa, Jesús María Moreno Ibarra, duerme y vive en McAllen, Texas, debido a las amenazas del narco, el sol azteca consideró inviable su participación en estos dos municipios ante el acoso de pistoleros del narco.
En Sinaloa, el Consejo Estatal Electoral informó, en días pasados, que para la contienda del día 7 de julio, donde se disputan 40 diputaciones locales y 18 ayuntamientos, no se podrán instalar poco más de 23 casillas, principalmente en la zona serrana de los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix, región donde la violencia de los grupos armados hizo que un centenar de pequeñas comunidades se quedaran sin población, debido al temor y amenazas que los obligó a desplazarse a otros lugares.
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