FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ESTELA GARRIDO.
(26 de junio, 2013).- El diputado panista Jorge Francisco Sotomayor presentó en la Comisión de Justicia de la Cámara baja una iniciativa que propone incrementar las penas por el delito de “ataques a la paz pública” y establecer como agravante qué estos sean perpetrados portando objetos que dificulten la identificación del transgresor.
Para las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), esta iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), al que ya acusaron de presionar para que sea aprobada en periodo extraordinario de sesiones, busca penalizar y disuadir la protesta social.
Los partidos que conforman el bloque de izquierda en el Congreso dieron a conocer su “Pronunciamiento sobre la iniciativa que propone tipificar los delitos contra la paz pública del diputado Jorge Francisco Sotomayor”, en el cual denuncian que la intención de la derecha es aprobar en periodo extraordinario una herramienta legal que permita perseguir y reprimir a aquellos ciudadanos que se manifiesten en las calles.
La propuesta de tipificar como delitos contra la paz pública aquellos “actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos […]” contempla entre 10 y 20 años de prisión “y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años”, penas que se agravarían en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisonómicas del sujeto activo”.
La pérdida de derechos políticos es un elemento importante de la iniciativa, pues significa que una persona acusada de “perturbar” “la coexistencia pacífica, armónica y civilizada” quedaría inhabilitada para contender en unas elecciones. El riesgo de uso político de la ley se vuelve evidente.
La diputada Loretta Ortiz, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, comentó a La Jornada que la tipificación de delitos como daños a terceros y lesiones es vinculada en la iniciativa panista con el derecho social de protesta, al no tomar en cuenta “la opinión de la Comisión de Derechos Humanos”, y respaldar la intención del PAN “para reprimir las manifestaciones, e inhibirlas de manera mañosa e inaceptable”.
Cabe señalar que la diputada no defiende las conductas violentas que se registran durante algunas manifestaciones de descontento social, pero sí señala que los daños a propiedad privada y los ataques a las fuerzas públicas “ya están tipificados y son inaceptables”, pero “no hay argumento para asociarlos al derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión y manifestación pública o protesta, reconocidos en la Constitución”.
En atención a estos argumentos, el Pronunciamiento de la izquierda partidista denuncia el intento de criminalizar la protesta social y rechaza categóricamente la modificación del Código Penal Federal:
“Las y los legisladores firmantes hacemos un llamado a la Comisión de Justicia a fin de que, en diálogo con la Comisión de Derechos Humanos, considere la opinión referida en la elaboración de un nuevo proyecto de dictamen que integre los argumentos de técnica jurídica y de perspectiva de Derechos Humanos, indispensables antes de aprobar tipos penales exorbitantes e injustificados que atentarían contra el derecho a la libre manifestación”.
Los firmantes recalcan además el derecho fundamental a la protesta y su importancia en la construcción de un país democrático.
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