AUTOR: ELIDET SOTO.
Para muchos es sólo la consecuencia de lo que un mal gobierno provocó durante años. Para otros, son actos vandálicos que traspasan la línea de la libertad de expresión.
En los últimos meses el descontento social alcanzó escaladas de violencia que tenían tiempo de no verse; primero en la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto donde hubo heridos de gravedad y destrozos en diversos puntos del Centro Histórico, la recién remodelada Alameda fue la más afectada.
En Michoacán y Guerrero, los normalistas inconformes con la recién aprobada reforma educativa bloquearon carreteras, incendiaron las sedes de los partidos, marcharon y saquearon camiones de comida.
El caso más reciente fue la toma de la Torre de Rectoría de la UNAM por un grupo de encapuchados, donde el saldo, de acuerdo con reportes de las autoridades universitarias y testigos, fue de pintas, vidrios rotos, saqueo de documentos y computadoras.
Bajo el argumento de que la reforma educativa trastoca los principios básicos de la educación, los jóvenes mantuvieron cerca de 12 días su plantón, sin que ninguna autoridad pudiera sacarlos, eso hubiera sido provocación.
Todos estos casos están enfundados bajo la premisa de la libertad de expresión, el libre derecho a manifestar y expresar ideas, y el respeto a los derechos humanos universales.
Sin embargo, ¿qué tanto es posible permitir este tipo de actos en aras de la lucha social y la libertad de expresión? Para el diputado Jorge Sotomayortolerar este tipo de actos no es posible, pues atentan contra la paz pública y el derecho de terceros.
"No estamos en contra de que se manifiesten, al contrario, que viva la libertad de expresión, lo que no se vale es que se dañen personas, se dañe a la ciudad o se provoque caos", recalcó el legislador de extracción panista.
Ante los momentos que se viven, el diputado propuso una iniciativa de ley para castigar hasta con 20 años de cárcel a quién perturbe la paz utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.
"141 Bis. Se le impondrán de diez a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas".
Además, se pretende que las penalizaciones se incrementaran en dos terceras partes cuando los sujetos que cometen dicho acto, porten máscaras o capuchas que no permitan su plena identificación.
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos, y una vez que se corrobore que dicha ley no coarta la libertad de expresión y no viola la garantías individuales, comenzará su dictaminación para que pueda ser votada en el tercer periodo de sesiones.
INICIATIVA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario