La dependencia hizo pública la información, aunque no dio detalles como nombres de los presuntos narcotraficantes y la organización delictiva a la que pertenecían o utilidad de la información que proporcionaron.
En un cuadro estadístico, informó que se utilizaron por año el siguiente número de testigos:
43 en 2006
50 en 2007
57 en 2008
61 en 2009
43 en 2010
60 en 2011
65 en 2012
El IFAI analizó un recurso de revisión a cargo de la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien determinó que la PGR ya he hecho públicos algunos nombres de testigos colaboradores como Edgar Enrique Bayardo del Villar.
La PGR argumentaba que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años, por encontrarse inmersos en averiguaciones previas y porque se pondría en riesgo su integridad física.
Los testigos protegidos fueron elementos clave en casos como el del llamado michoacanazo, en el que fueron procesados 11 presidentes municipales y 16 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, quienes fueron posteriormente liberados; además del caso del general Tomás Ángeles Dauahare; otro caso es el del extitular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas; a estos últimos dos los acusó “Jennifer”.
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