jueves, 23 de mayo de 2013

La ley de Twitter

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PAULINA VILLEGAS.

Que la hija del director del Cisen haya recurrido a las redes sociales para denunciar las agresiones, muestra la impunidad de la violencia de género en México, dice la abogada Lourdes Enríquez.

El polémico caso de la agresión de Gerardo Saade Murillo, nieto del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, contra Alexia Imaz, hija del director del Cisen, Eugenio Imaz, tomó otra dimensión cuando el joven admitió el martes pasado ante la Procuraduría de Morelos que había agredido a su exnovia físicamente.

Lo paradójico es que, a pesar del mea culpa expresado voluntariamente por el joven, sin una denuncia formal por parte de la víctima, no hay castigo.

Saade Murillo manifestó en su declaración ante esa procuraduría sentirse arrepentido de haber cometido tan lamentable error y aclaró que esta conducta la cometió “por sentirse profundamente afectado emocionalmente”, por lo que “no encuentra justificación alguna y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos”.

Pero, más allá de las consecuencias legales particulares del caso, este invita a una reflexión más amplia y necesaria sobre la violencia de género en México.

“La lección en este caso particular es que la violencia en el noviazgo se da en todas las clases sociales, en todo tipo de personas, se siguen repitiendo en México estos patrones violentos que tienen mucho que ver con el sentirse propietarios de la novia, que ella no se comporte como él quería (…)”, dice Lourdes Enríquez, abogada y maestra en Derecho y colaboradora de Programa de Estudios de Género de la UNAM, en entrevista con Reporte Indigo.

El escándalo estalló el pasado lunes después de que la joven, de 22 años, subiese fotos de su rostro golpeado a las redes sociales, en las que llamaba “golpeador de mujeres” a su entonces prometido.

Reporte Indigo publicó las imágenes que provocaron un debate sobre el alcance y la repercusión de la violencia de género en un país.

Pareciera que en este país resulta más efectivo hacer justicia por manos propias a través del desprestigio virtual, con la ayuda de Internet, de las redes sociales y de la implicación de la gente, que interponer una demanda formal.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se deslindó de cualquier injerencia en el caso, lo mismo que la PGR, quien mediante un comunicado aclaró que este hecho sería competencia de la Procuraduría General de Justicia de Morelos.

Según versiones, Ramírez le sugirió a Saade Murillo que acudiera con el fiscal morelense Rodrigo Dorantes, pero el joven se presentó con el director de Averiguaciones Previas, y al final su caso fue expuesto por la Justicia Alternativa, una instancia conciliadora que tiene el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

De acuerdo con Ramírez, no existe una carpeta de investigación en contra de Saade Murillo, pero sí un expediente en la nueva dependencia.

El hecho es que, mientras no exista una denuncia formal de Imaz, no se procederá contra el joven, ya que el delito de lesión y violencia de género se persiguen solo por querella, es decir, a petición de la víctima, explica Enríquez y, de hecho, tampoco puede existir una sanción administrativa.

La pregunta obligada es: ¿Porqué Alexia Imaz decidió hacer pública la agresión y denunciarla en redes sociales y medios de información, pero no ante las autoridades e instituciones pertinentes?

De acuerdo con la experta en violencia de género, las mujeres involucradas en situaciones semejantes muchas veces sienten una mezcla de desconfianza ante las autoridades que no toman en serio sus denuncias y temor al agresor.

En el caso de Imaz, el que haya decidido no presentar la denuncia formal, resulta hasta cierto punto paradójico, al ser hija del titular del centro de inteligencia más importante del país.

“En mi opinión se le salió de las manos, a lo mejor se enteró su padre o la gente que la rodea y no quisieron hacerlo más grande por las consecuencias políticas, porque es extraño hacer eso y no denunciar”, señaló la abogada.

Pero a pesar de la falta de denuncia formal, la dimensión que tomó en Internet y el apoyo que recibió de la sociedad resultaron ampliamente efectivos.

El castigo

La sanción legal por una agresión de este tipo depende de la gravedad, y varía de seis meses a seis años en prisión, siempre y cuando ésta se pueda comprobar, como en el caso de Imaz.

De acuerdo con Enriquez, otro aspecto importante a relucir es el rol que tuvieron las redes sociales, donde se denunció y después se viralizó la noticia de la agresión.

Fue precisamente en plataformas como Twitter y Facebook donde se generó una campaña de desprestigio y recriminación en contra del joven nieto del titular de la PGR.

“El escarnio en las leyes es probablemente más fuerte, que someterlo a un proceso en el que el joven probablemente nunca va a estar privado de su libertad (..) y en ese sentido estratégicamente fue efectivo lo que hizo ella”.

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