viernes, 26 de abril de 2013

“No se vale criminalizar” a fotoperiodista de Vanguardia: Moreira

FUENTE: PROCESO.

SALTILLO, Coah: La delegada regional de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Claudia Elodia Brondo Morales, se deslindó del asesinato del fotógrafo del diario Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, y del estudiante de ingeniería Julián Alejandro Zamora, cuyos cuerpos descuartizados fueron hallados el pasado martes 23 en calles de esta ciudad.

Luego de que un grupo de periodistas comentó a apro que la funcionaria supo anticipadamente dónde iban ser abandonados los cadáveres, Brondo Morales señaló que en realidad los agentes de la Policía Investigadora confundieron la dirección donde se encontraban los restos de las víctimas, y ese fue el motivo por el que no los localizaron en un primer momento.

La noche del martes 23, según dijeron los comunicadores, Brondo Morales alertó a la Policía Investigadora sobre dos cuerpos descuartizados que se encontraban en medio del pavimento en la intersección del bulevar Diamante, Alejandrina y Arco Suizo, de la colonia Miravalle, ubicada al sur de la ciudad.

No obstante, cuando llegaron los efectivos policiacos al lugar indicado no encontraron nada y comenzaron a buscar en otros rumbos del barrio. Cuando los policías pasaron por tercera vez por el sitio, ya estaban ahí los cuerpos descuartizados, subrayaron los periodistas.

Incluso esa versión fue conocida desde el miércoles por el Diario de Coahuila, que la publicó el jueves 25.
En entrevista con Apro, Claudia Elodia Brondo Morales dijo que recibió una llamada a las 10:01 horas en la que se informaba sobre la presencia de dos personas descuartizadas en calles del barrio Miravalle.

Afirmó que después de recibir el reporte ordenó que un grupo de policías que se dirigiera a la dirección indicada. Una vez en el lugar, los agentes le señalaron que las calles indicadas “ni siquiera hacen cruce” y que “no daban”.

Sin embargo, agregó, los elementos policiacos habían confundido la dirección y se habían dirigido a la calle “Arco de la Cruz”; después rectificaron y se dirigieron al cruce correcto, donde ya estaban arribando elementos de la policía municipal.

En ese sitio, subrayó, se encontraban los cuerpos desmembrados del fotógrafo del diario Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad, y del estudiante de ingeniería Julián Alejandro Zamora, de 23 años, y sobre ellos un narcomensaje.

Al respecto, el procurador Homero Ramos Gloria señaló ayer que ambas personas tenían vínculos con el crimen organizado y que sus asesinatos no tienen relación alguna con su oficio.

“Los mensajes hacen mención a la participación de estas dos personas que ya han sido plenamente identificadas a ese grupo delincuencial (Los Zetas), los denominan como ‘chapulines’, como gente que se había salido de la participación de ese grupo en particular”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Agregó:

“Las declaraciones que obran en el expediente ministerial y las investigaciones relacionadas con los hechos sí dan dos factores importantes: primero, que (las víctimas) sí tenían relación de alguna manera con este grupo (Los Zetas)”.

Además, dijo, después de realizar pruebas forenses, uno de ellos “dio positivo toxicológico”, aunque las investigaciones apuntan que los dos usaban tóxicos, añadió.

Minutos después, el gobernador Rubén Moreira Valdés, señaló que “no se vale criminalizar así tan fácil”, en referencia a las acusaciones que hizo la PGJE al implicar –sin una investigación previa– con el crimen organizado al fotógrafo del diario Vanguardia.

“No se vale criminalizar así tan fácil… no, no se vale”, señaló el mandatario.

Este viernes, organizaciones civiles relacionadas con la Diócesis de Saltillo también censuraron que la PGJE señalara a las víctimas como delincuentes, antes de concluir las investigaciones.

Los comentarios de la dependencia, puntualizaron en un comunicado, tienen “tintes de criminalización”, ya que aún no concluye la investigación científica de los hechos, y al mismo tiempo sesga la información que ofrece a la ciudadanía.

“Lo mismo han hecho con las familias de personas desaparecidas y con la población migrante, criminalizándolos, juzgándolos, acusándolos sin prueba alguna, esa es ya una conocida vieja maña de las autoridades para no investigar y archivar los expedientes, violando además el derecho de tener un fiscal imparcial y a un juicio justo”, se lee en el texto signado por la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

De acuerdo con el documento, en Coahuila “aún estamos lejos de verdaderas investigaciones con rigurosidad científica y aún más lejos de acercar la justicia y la verdad a las miles de víctimas, pero no podemos, como ciudadanos de este país, dejar de alzar la voz y seguir exigiendo y monitoreando a la autoridad para que haga su trabajo”.

Y más:

“Nos sumamos a las exigencias de justicia y verdad de Vanguardia y enviamos nuestro más sentido pésame al equipo, así como a las familias de las víctimas, a quienes les decimos que no están solos”.