FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
A punto de cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, corresponsal deProceso en Veracruz, se intensifican las amenazas desde el poder en esa entidad, ahora contra el reportero Jorge Carrasco, coadyuvante en el caso irresuelto del homicidio perpetrado el 28 de abril de 2012. Aunque en realidad, son casos que se agregan a una larga lista de agresiones de las que han sido víctimas reporteros de este semanario, en diversas partes del país, sólo por cumplir con su labor periodística.
A raíz de operativos realizados en 2009 y 2011 por las secretarías de la Defensa y de Seguridad Pública, las autoridades federales exhibieron ejemplares de la revista en sus aseguramientos como parte del “equipo y material diverso” de grupos criminales (Proceso 1709 y 1794). Ante esa acometida el semanario presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El hostigamiento sistemático se endureció durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, lapso en el que también se exacerbó la violencia de las bandas delincuenciales, que también han pretendido intimidar a los reporteros y corresponsales de este semanario.
En 2005, durante el foxismo, Proceso fue excluido de las giras presidenciales; el propio mandatario estableció un veto publicitario que su sucesor Calderón refrendó.
En 2009 el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó una queja ante el ómbudsman nacional por considerar que se violaban los derechos fundamentales de la publicación al distribuir de manera desigual, arbitraria y sin transparencia la publicidad oficial. Tres años después, la Comisión emitió la recomendación 35/2012 en la cual admitió que Calderón buscó dañar económicamente a Proceso.
Los agravios incluyen el asesinato de la corresponsal de este semanario en Veracruz, Regina Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012, así como las intimidaciones, persecuciones y secuestros de ocho reporteros y corresponsales de la revista, y las recientes amenazas de muerte al reportero Jorge Carrasco Araizaga, coadyuvante en las investigaciones ministeriales en el caso de Regina Martínez.
Desde la noche del domingo 14, Proceso recibió informes acerca de una reunión que sostuvieron funcionarios y exfuncionarios del gobierno, de la procuraduría y de Seguridad Pública de Veracruz en la cual presuntamente acordaron acciones contra el reportero, entre éstas el envío de agentes de esa entidad al Distrito Federal, así como a Morelos, Querétaro y el Estado de México para recabar datos sobre el periodista.
Proceso tuvo conocimiento de una segunda reunión el lunes 15, en la cual los participantes decidieron la captura de Carrasco y “darle piso” en caso de resistencia. Los funcionarios tuvieron en cuenta las cámaras de seguridad del Distrito Federal y acordaron “tener cuidado” para no ser grabados por ellas.
El semanario informó de esos encuentros a la CNDH, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación, instancias que activaron un mecanismo para proteger a Carrasco.
El jueves 18, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las instalaciones de Proceso y se comprometió con el director Rafael Rodríguez Castañeda a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las amenazas contra el reportero y a desactivar el clima de hostilidad en contra del semanario, sus reporteros y el corresponsal Noé Zavaleta.
Cuando Duarte se retiraba de Proceso, varios reporteros lo interpelaron en la redacción; le exigieron investigar las amenazas contra Carrasco, emanadas, le dijeron, desde su gobierno. También le cuestionaron la falta de gobernabilidad en Veracruz y el clima de inseguridad para todos los reporteros de la entidad. Le dejaron en claro que había unidad entre los trabajadores de esta casa editorial y reiteraron la exigencia de que se investigue a fondo el asesinato de Regina Martínez.
Le expusieron, en suma, que ha pasado un año y las indagaciones no convencen, pues una juez sentenció a 38 años a un asaltante, Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, sin esperar el desahogo de las pruebas solicitadas por la revista y antes de que se conocieran los resultados de los peritajes de tortura de los que se quejó el presunto culpable.
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