martes, 23 de abril de 2013

Derroche al estilo García Luna

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁNGEL DELGADO.


Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, asignó de última hora contratos multimillonarios de obra pública cuyos montos totales –3 mil 110 millones de pesos, una buena parte gastados en las Islas Marías– equivalen al presupuesto asignado este año a la creación de la Gendarmería Nacional. Quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública no sólo consintió a empresarios que se despacharon en grande con el erario, sino que los agasajó con una gran fiesta en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio año de finalizar su encargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna asignó multimillonarios contratos de obras que ahora están bajo escrutinio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La SSP federal de García Luna gastó, en sólo seis meses, 3 mil 110 millones de pesos en la construcción, ampliación y remodelación de instalaciones para la Policía Federal: Oficinas, estacionamientos, cuarteles, hangares, celdas para presos y hasta una aeropista en las Islas Marías.

De hecho, uno de los mayores gastos en obra pública de la dependencia encabezada por García Luna, en el último año de gobierno de Calderón, fue en ese complejo penitenciario del Pacífico, al que se destinaron 683 millones 525 mil pesos para construir celdas de segregación para presos de mediana y alta peligrosidad.

Otros 216 millones de pesos se destinaron, además, a la ampliación y remodelación de la pista aérea que, sumados a los 683 millones para las estancias carcelarias, suman 900 millones de pesos gastados en las Islas Marías, una información que la SSP clasificó como “reservada” por seis años, pero cuyos documentos obtuvo Proceso.

Estos más de 3 mil millones de pesos que gastó García Luna equivalen al presupuesto asignado este año a la Gendarmería Nacional –el cuerpo policiaco propuesto por Peña Nieto para combatir la delincuencia–, a lo que gastará toda la Universidad de Guanajuato y a lo que tiene en sus cuentas bancarias la hija de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco acusado de corrupción.

Esos 3 mil millones de pesos son mil menos de lo que costó el programa insignia de García Luna, Plataforma México –4 mil 294 millones– y representan un tercio de los 9 mil 274 millones de pesos de presupuesto que tuvo la SSP en 2006, el último año de gobierno de Vicente Fox, y que se multiplicó anualmente en el sexenio de Calderón hasta llegar a los 40 mil 536 millones en 2012.

Los documentos detallan cómo García Luna no escatimó gastos en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón –de quien fue funcionario predilecto–, a tal grado que, para cerrar el sexenio, dio una fastuosa fiesta a contratistas y proveedores, organizada por el oficial mayor, Sergio Montaño Fernández.

Gran pachanga

A la celebración, realizada el jueves 24 de octubre en el Museo Nacional de Antropología e Historia y cuyo costo también se mantiene en reserva, asistieron más de 200 invitados, incluidos funcionarios, legisladores y hasta el locutor Pedro Ferriz de Con, según la lista completa que tiene el reportero.

El organizador del festejo fue Montaño Fernández, oficial mayor durante todo el sexenio, secretario particular de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuyo hermano Carlos fue subsecretario con Ernesto Cordero como titular de la dependencia.

Aunque estaba prevista la presencia de García Luna en la fiesta, finalmente no asistió, pero sí lo hicieron los subsecretarios Francisco Niembro González y Patricio Patiño Arias, así como 10 funcionarios de la Oficialía Mayor y nueve del área de prevención y readaptación social.

Cordero también estaba invitado y, aunque no asistió, sí lo hizo Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu­tados y compadre de Calderón.

En los hechos se trató de una fiesta para los grandes grupos de constructores de los penales federales que, a través de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), les serán concesionados por 22 años, un proyecto diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella.

Aspe estaba asimismo invitado. Tampoco asistió. Ahí estuvieron, sin embargo, sus socios: Fernando Aportela, Rodrigo Ibarra López y José Francisco Ramírez Mazlum.

De Prodemex, de Olegario Vázquez Raña –dueño también del diario Excélsior–, que construye penales en Durango y Michoacán, asistieron seis directivos, encabezados por el director general, Antonio de Boullosa Madrazo.

Prodemex también recibió de la SSP un contrato de 290 millones de pesos para obra en Tijuana, incluido un hangar.

Por ICA, que edifica penales en Guanajuato y Sonora, asistieron Quintana Kawachi, Carlos Méndez Bueno y Mauricio Gelo Rodríguez. De Arendal, que construye un centro penitenciario en Chiapas, asistieron Jesús y Tomás García Pons, José de Jesús García Vázquez y Eduardo Santoyo Vázquez.

De Tradeco, que construye el penal en Ramos Arizpe, Coahuila, estuvo presente con su director, Federico Martínez Urmeneta, quien asistió acompañado de Fernando Beristán Gómez, Fernando Beristán Rodríguez y Adrián Peña Ledezma.

Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, asistió también a la fiesta de la SSP como director de la Constructora y Edificadora GIA, a la que se le concesionó la construcción del penal de Oaxaca, y estuvo acompañado de sus socios Jorge Iturbe Gutiérrez y Jorge Moguel González.

Homex, que edifica una prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos, también estuvo presente a través del presidente de su consejo de administración, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, acompañado de Alfonso Fernández y Roberto Vez Carmona.

Millonadas a Islas Marías

Justamente Homex es una de las empresas que participa también en la construcción de estancias de segregación en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde la secretaría encabezada por García Luna invirtió la mayor parte de los 3 mil 110 millones de pesos en obras en los últimos meses del sexenio.

Dedicada sobre todo a la edificación de vivienda, Homex se conectó con el gobierno para construir centros penitenciarios, a invitación del gobierno de Calderón, reveló Eustaquio de Nicolás, un controvertido empresario sinaloense, dueño también del equipo de futbol Dorados de Culiacán:

“Entonces nos dijeron: ‘Oye, ¿no nos quieres hacer una cárcel?’. Y dijimos: ‘Pues déjanos ver quién nos puede asesorar’… Nos dimos cuenta de que con nuestros mismos moldes, con los que construíamos las casas, podíamos construir las cárceles.”

En entrevista publicada en el diario El Universal, en marzo del año pasado, De Nicolás explicó que construirán cárceles –“si te fijas, filosofando, una casa y una cárcel es una morada”–, pero también las administrarán.

“Son inversiones muy grandes que se las vamos a rentar al gobierno, entonces les tenemos que dar de comer y mantener, una cosa muy interesante.”

Según la documentación que obtuvo el reportero, la mayor inversión en obra pública de la SSP de García Luna se hizo en el centro penitenciario de las Islas Marías, donde se destinaron 683 millones de pesos.

El objetivo: “Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del complejo penitenciario Islas Marías”.

De acuerdo con el oficio de liberación de inversión, firmado por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la mayor parte de la inversión, 588 millones 449 mil pesos, fue para ese propósito.

Otros 41 millones de pesos se destinaron a la supervisión y control de la obra, y 53 millones de pesos a la gerencia de proyectos.­

Otros 216 millones se invirtieron en la ampliación y remodelación de la pista aérea del Complejo Penitenciario Islas Marías, que incluye “demolición, base, sub-base, pavimentación, obras complementarias, instalaciones con calidad, prueba y resistencia de materiales”.

En los varios documentos del trámite para liberar estos recursos se puntualiza la necesidad de que toda la información sea clasificada como “reservada”, de manera que no sea del conocimiento público.

Así lo solicita, por ejemplo, Sosa Viderique a la directora general de Programación, Organización y Presupuesto, María Cecilia Hernández Galván, en el oficio firmado SSP/SSPF/OAD/PRS/DGA, del 8 de noviembre de 2012.

“Así mismo, en los términos de lo señalado en el artículo 13 fracciones I, IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se solicita que el oficio de liberación de inversión sea clasificado como información reservada.”

Ese artículo, en su fracción primera, considera que debe ser reservada toda la información cuya difusión “pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” y también, según la fracción IV, “poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

La fracción V ordena clasificar la información cuya difusión pueda “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.

Y así fue: En el oficio de autorización de los recursos, número OM-OLI-260, Hernández Galván pone el cerrojo a toda la información sobre el ejercicio de casi 900 millones de recursos públicos: “Con un periodo de reserva de seis años”.

Esta clasificación llamó la atención de funcionarios del gobierno de Peña Nieto que han comenzado a indagar, desde diferentes instancias, la correcta aplicación tanto de esta inversión como de los multimillonarios contratos asignados a los grupos empresariales –incluida la fiesta que la SSP de García Luna les pagó– o proceder contra los responsables.