Por: Vicente Bello
México, 1 de marzo de 2013.-En los territorios del Congreso de la Unión, la clase política que ostenta las riendas de las instituciones más graves de este país reselló virtualmente el acta de defunción política de Elba Esther Gordillo Morales, cuya suerte parecía a nadie interesar este jueves, 28 de febrero de 2013; ni siquiera a los suyos, los más cercanos, los de su familia, una senadora su hija y un diputado federal su nieto.
Excepto por un diputado, que desde su curul hizo mención del caso, la aprehensión de la lideresa sindical más poderosa de México no tuvo, para el resto de diputados federales y senadores, la importancia suficiente como para incluir el tema en las órdenes del día de las asambleas plenarias de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Pero, ¿realmente el tema no era del ancho suficiente para ser aireado en las tribunas del
Congreso General, o es que, desde afuera, alguien escribe el punto final de las agendas legislativas?
Evidentemente, diputados y senadores tenían la obligación política de debatir sobre el tema, por el contexto eminentemente político en que ocurrió. Elba Esther Gordillo había soliviantado desde diciembre los ánimos de sus correligionarios del Snte para reaccionar en contra de la reforma constitucional en materia educativa, que el Congreso aprobó en diciembre mismo con una celeridad pocas veces vista en el proceso legislativo.
Todo enero y lo que iba de febrero, Gordillo Morales había criticado con dureza al gobierno federal por la forma como prohijó éste a la denominada reforma educativa, en cuya parte más espinosa zambutieron a los maestros con un ultimátum: el que no pase los exámenes, a partir de ahora de condición obligatoria, lo despedirán. Punto.
Elba Esther fue desde sus tiempos de tesorera del SNTE de Carlos Jongitud Barrios (el cacique magisterial de mediados de la década de los 70 y final de los 80), ave de las tempestades.
De carácter tan voluble como insoportable, era más temida que respetada incluso por la gente que le acompañaba en su primer círculo, y un gran sector del magisterio, agrupado en la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Cnte, no la bajó nunca de ladrona, represora y aun asesina, porque le achacaba la muerte del profesor Misael Núñez Acosta, el mítico maestro de primaria que sobre su memoria la disidencia del CNTE afincó su aparición, desde fines de los 70.
Una disidencia golpeada, reprimida y no pocas veces humillada con la compra que Elba Esther hizo de algunos de sus líderes.
No fue gratuito el hecho de que, al siguiente día de que la maestra hubo ingresado a Santa Martha, un grupo de profesores de la CNTE realizó un mitin en las escalinatas de la Procuraduría General de la República para decirle que si no tenían pruebas contra Elba Esther, ellos se las daban.
El debate en el Congreso, en torno de la suerte de Elba Esther, atronó más bien en esas vías alternas del Senado y de San Lázaro: las conferencias en el pasillerío. Pero no ha alcanzado a salir en las tribunas, adonde el tema, necesariamente, se bifurcaría en un serial de preguntas –propias de ese debate parlamentario que tiene como testigo histórico al Diario de los Debates, materia prima éste de los historiadores- sobre los motivos reales que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, para partirle el espinazo a la profesora.
Interrogantes como aquellas que opositores han estado reiterando al PRI y al gobierno, respecto de si la aprehensión de Elba Esther respondió a una vendetta del gangsteril PRI, un ajuste de cuentas por el día en que los dejó para irse a apoyar a Vicente Fox en el 2000, una venganza por haberles hecho morder el polvo en cientos de elecciones locales, y en las federales donde ganó el PAN; una manera de deshacerse de ella ante su oposición a la aplicación de la reforma educativa.
Silenciadas las tribunas del Congreso, a propósito de este asunto, fue como si el Congreso en los hechos se hubiera negado a sí mismo, porque la función primigenia que carga desde el nacimiento de la República, en 1824, ha sido la función de control político o de contrapeso, a través de la cual diputados y senadores están obligados constitucionalmente a revisar cada una de las gestiones y decisiones del Poder Ejecutivo Federal.
Desde que apresaron a Elba Esther, una y otra vez periodistas y opositores han preguntado al gobierno federal y a los alfiles que Peña Nieto tiene en el Congreso, si así como atoraron a la lideresa, también procederán contra otros líderes sindicales como el petrolero, actualmente senador, Carlos Romero Deschamps, a quien la Auditoría Superior de la Federación, en una feria de comprobaciones, le demostró que ha desviado dinero a raudales para las campañas del PRI, primero en el 2000, en la campaña de Francisco Labastida Ochoa, después en el 2006 con Roberto Madrazo Pintado, y ahora en 2012, con Enrique Peña Nieto. Y preguntas como éstas, que no ha querido contestar el PRI, son motivos por los cuales la aprehensión de Elba Esther no ha podido llegar a las tribunas del Congreso, adonde el Diario de los Debates, el temible testigo de la historia, siempre espera para exhibir a la clase política mexicana.
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