AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Abogado de los vecinos al proyecto del rancho de Sukarne en la región citrícola acusa a la dependencia federal de autorizarlo sin conocimiento de causa y también de violar la ley por no convocar a una consulta pública.
Federico Fernández, representante legal de los propietarios de terrenos que se oponen a este megarancho, denunció que la dependencia federal desahogó el proceso de Manifestación de Impacto Ambiental violando lo establecido en la ley.
El abogado critica que el procedimiento se haya llevado a cabo en las oficinas centrales de la Semarnat, en la Ciudad de México, y no en el estado de Nuevo León.
“No entendemos cómo desde una mesa de la Ciudad de México, sin hacer ninguna visita al predio, estén resolviendo este proyecto.
“No es posible que el secretario (Juan José Guerra Abud) resuelva sin haberse parado una sola vez ahí en Montemorelos”.
Reporte Indigo publicó ayer que el nuevo sexenio encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto revivió el polémico proyecto de un rancho ganadero que impulsa la empresa Sukarne en la zona citrícola de Nuevo León.
Después de tres negativas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal autorizó el pasado 11 de marzo la Manifestación de Impacto Ambiental que requería este proyecto agropecuario, el cual pretende instalarse en el municipio de Montemorelos.
El rancho de Sukarne necesita ahora de la Semarnat la aprobación de los estudios técnicos justificativos para el cambio de uso de suelo.
Fernández, abogado del empresario Eduardo Barragán, que se opone a este proyecto, asegura que en el procedimiento la Semarnat no cumplió con la realización de una consulta pública como establece la ley.
“Hubo una consulta pero de membrete”, dice Fernández.
“Tampoco nunca se publicó el extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental en algún diario de la localidad, como lo establece la ley”.
Fernández le resta importancia a que la empresa Sukarne haya reducido en su plan, presentado ante las autoridades federales, la capacidad del rancho de engorda de 110 mil a 50 mil cabezas de ganado.
“En mi opinión se maquilló la información para hacerlo menos ofensivo”.
El abogado reclama que los ejidatarios de La Unión, de Montemorelos, vecinos del proyecto ganadero, nunca tuvieron acceso al expediente que integró la Semarnat.
La dependencia federal les recomendó solicitar el acceso a través del IFAI.
“Sukarne presentó el proyecto en la Ciudad de México evitando así presentarlo en la delegación de Nuevo León y de una manera oculta y sin transparencia. Nunca tuvimos acceso al expediente”.
Durante el proceso de autorización, Fernández dice que los habitantes de Montemorelos presentaron sus críticas al proyecto advirtiendo sobre el impacto negativo que afectará el suelo y los acuíferos de la zona.
También se presentó un estudio del Tec, agrega el abogado, que concluye que las medidas de mitigación ofrecidas por Sukarne no son suficientes y que, incluso, el municipio de Montemorelos se manifestó en contra del proyecto ganadero.
“Es un inmueble que fue objeto de un incendio forestal y que tiene una prohibición para que no se use.
“Con todo eso y de una manera muy extraña, la Semarnat autoriza el Manifiesto de Impacto Ambiental”.
Fernández asegura que la suspensión definitiva que otorgó en noviembre pasado el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado, impide que esta autorización concedida por la Semarnat sea materializada por la compañía Sukarne.
“Con esta suspensión se evita que se materialice esta autorización y obliga a la autoridad.
“La suspensión está vigente y ahorita es un obstáculo para llevar a cabo este proyecto”, señala el abogado.
“Hay un obstáculo que es la suspensión del juez de Distrito”.
La audiencia incidental del juicio de amparo 860/2012 está programada para finales del mes de abril.
Fernández asegura que en la autorización que otorgó la Semarnat influyó el poder político que tiene en el PRI el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, dueño de la empresa Sukarne y excandidato priista a la gubernatura de Sinaloa.
“Hay una presión por la influencia política que pudiera tener el propietario de la empresa Sukarne y esto se aprecia por el cambio de la autoridad federal, pero sobre todo a nivel del secretario”.
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