AUTOR: MAITE AZUELA.
Tras un mes de paro, manifestaciones, bloqueos en carreteras y exigencias injustificadas, los maestros que respaldan a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), esperarán a que el acuerdo al que llegaron con el gobierno local sea materializado en una reforma educativa local avalada por el Congreso de Guerrero. Este acuerdo y sus consecuencias pinta para ser un mosaico representativo de irregularidades que trasgreden la división de poderes a nivel local y que además amenazan contra la jerarquía del marco jurídico nacional.
Habría que explicarle a los líderes del CETEG, sobre todo a Gonzalo Juárez Ocampo, que el espíritu de la reforma educativa nacional justamente pretende dar un corte final a la alianza con la que el gobierno de Felipe Calderón perpetuo privilegios magisteriales que no estaban vinculados al desempeño ni al trabajo de los docentes, sino a sus lealtades políticas. Pero posiblemente estén poco dispuestos a escuchar argumentos. Más ahora que el Gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió negociar y aceptar todas y cada una de las condiciones que la CETEG estipuló para darle fin al paro.
Además habrá que entender que para la CETEG este es un momento de oportunidad política para fortalecerse frente al SNTE, en términos de espacios y poder ya que comparten con el SNTE las razones para oponerse a la reforma educativa nacional, aunque lancen mensajes que pretendan ocultar esas coincidencias.
La autonomía del Congreso de Guerrero estará en riesgo con la aprobación de este decreto, que sin duda, viola la reforma educativa nacional aprobada ya por el Congreso Federal y avalada por el número de congresos locales que se requieren para que sea promulgada (trece congresos más uno). Con esta reforma constitucional enfrentamos el reto de instaurar a nivel nacional, un Servicio Profesional Docente. Además de que con ella los docentes deberían atenerse a los procedimientos de evaluación que tanto para el ingreso como para la permanencia responderán a las reglas que se definan en la administración del próximo Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Cuidado con las trampas retóricas de la CETEG. La reforma nacional no tiene en ninguna de sus letras algún elemento que ponga en riesgo la irrestricta gratuidad de la educación ni los derechos laborales del magisterio, y busca ofrecer calidad y mejores condiciones de igualdad educativa. Los falsos rumores de privatización y costo escolar, ya no alcanza para defender situaciones de privilegio que verdaderamente atentan contra el derecho a la educación de los alumnos.
En cambio, su propuesta de reforma local contraviene directamente la reforma nacional y sobre todo la intención de que la evaluación sea obligatoria y universal, ya que plantean la creación de un Instituto de Evaluación Local y además hacen referencia a la realización de evaluaciones periódicas, pero nunca establecen su carácter obligatorio y su aplicación general sin excepciones.
De funcionar la manipulación del CETEG, el Estado de Guerrero no será el único que someterá a sus alumnos al estancamiento educativo y a sus ciudadanos a la incongruencia legislativa. Lo que es un hecho es que pese a la inconstitucionalidad del decreto, los intentos por replicar acuerdos a nivel local pueden surgir como hormigueros sorpresivos en el territorio nacional.
No será sencillo contenerlos. Por un lado se requiere una mayoría de maestros que están dispuestos a ser evaluados y a priorizar su trabajo en las aulas sobre las disputas políticas y los privilegios injustificados. Además necesitamos que los gobernadores y legisladores asuman responsablemente el compromiso de llevar la reforma educativa nacional hasta las últimas consecuencias y no se dejen someter por la manipulación y las falacias de los líderes sindicales.
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