FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
Falta mucho por hacer para lograr que se respeten derechos de migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes.
México, DF. A un año de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU reconoció a México por combatir dicha práctica, todavía existen pendientes para dar un viraje a la política en la materia.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reconoció que todavía falta mucho por hacer para lograr la inclusión y que se respeten los derechos humanos de personas migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Comentó que la reunión del comité CERD llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en febrero de 2012, fue el marco para reconocer a la República Mexicana por la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como la del sistema de justicia penal.
El comité también destacó la cooperación de las autoridades mexicanas con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como la importancia de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 como instrumento para visibilizar a los grupos discriminados.
Un año después, urgió adoptar las recomendaciones, entre las que destaca la invitación que hace el comité CERD al Estado para considerar el reconocimiento étnico de la población afrodescendiente.
Además de la adopción de programas para la promoción de sus derechos y que proporcione información de su presencia numéricamente pequeña y vulnerable, a fin de que cuenten con todas las garantías de protección que la Convención establece refirió el Conapred.
El CERD también solicitó fortalecer a instancias como el Conapred, con atribuciones y competencias que le permita sancionar conductas que propicien o promuevan un discurso de odio y racista.
El consejo resaltó la urgencia de atender las recomendaciones 10 y 17, de las cuales su plazo de cumplimiento está próximo a vencer, referentes a la situación invisibilizada de las poblaciones afrodescendientes en el territorio nacional.
Asimismo, que se acelere la adopción de una ley en materia de consulta a la población indígena en cada etapa de los procesos referentes a los proyectos de desarrollo y explotación de recursos, respectivamente.
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