martes, 12 de marzo de 2013

Rechazan impugnación

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.

El mismo día que se presentó la reforma de las telecomunicaciones, un tribunal refrendó la compra del 50% de Iusacell por parte de Televisa.


El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó la impugnación, promovida por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), contra la concentración Televisa-Iusacell, avalada en junio de 2012 por la Comisión Federal de Competencia (CFC).

La corte indicó que la Amedi presentó fuera de tiempo la demanda para cuestionar la decisión de la CFC, por la cual Televisa pudo concretar la compra del 50 por ciento de las acciones de Iusacell, previo pago de mil 602.5 millones de dólares.

Esta decisión ocurre de forma paralela a la presentación de la reforma en telecomunicaciones del gobierno peñista.

Cabe recordar que la Amedi solicitó en enero pasado a la Suprema Corte de Justicia ejercer su facultad de atracción.

Sin embargo, en sesión privada del 13 de febrero, la Primera Sala de la Corte desechó la solicitud y ordenó devolver el expediente al tribunal.

Las razones de Amedi

La Constitución prohíbe los monopolios y las prácticas anticompetitivas y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos.

Corresponde a la Cofeco proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

La alianza Televisa-Iusacell constituye una amenaza a la política de competencia del Estado mexicano, viola el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y transgrede flagrantemente la Ley Federal de Competencia Económica, recientemente reformada para fortalecer al organismo regulador.

La negociación se produjo sin la aprobación de la autoridad, se anunció ante autoridades financieras de Estados Unidos y México y ya ha comenzado a operar en la realidad con la convergencia de intereses creados en el negocio de la televisión, por lo que debiera ser investigada de oficio.

La fusión no beneficia a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, no traería inversiones nuevas al sector, no impulsaría el desarrollo de la industria y tornaría más complejo fracturar el de por sí concentrado entorno que existe en la radiodifusión en México.

Televisa y TV Azteca participan del mismo mercado de la televisión abierta, donde debieran ser competidores y no socios.

Concentran el 88 por ciento de todas las concesiones de televisión abierta, el 51 por ciento de todos los canales espejo de televisión digital y el 94.4 de la audiencia televisiva nacional.

Se apoderan del 58 por ciento del total de la inversión publicitaria en México y reciben cada año el 30 por ciento del gasto de comunicación social federal.

La decisión atenta contra el derecho a la información consagrado en el artículo sexto de la Carta Magna, afecta la pluralidad de voces, ideas y puntos de vista expresados en los medios de comunicación y degrada la diversidad y calidad de contenidos.

Si nada lo impide, se cancelaría la posibilidad de contar con un sistema de medios de comunicación democrático, pues ambos consorcios verían crecer aún más sus recursos e influencia económica y política.

En ningún país del mundo la ley autoriza tanta concentración de recursos comunicaciones.

Se desplazaría a otros agentes económicos, haría converger de facto los intereses de Televisa y TV Azteca en diversas industrias, limitaría el acceso a las bandas del espectro radioeléctrico, acapararía el mercado de la publicidad no sólo para TV sino también para otros medios y les permitiría realizar prácticas monopólicas como alza de tarifas publicitarias y de servicios.

Ambas cadenas han impedido que el Congreso de la Unión reforme el obsoleto régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones y violan sistemáticamente diversos ordenamientos legales en la materia, electorales y de transmisión publicitaria.

En sus expedientes, constan sanciones de la Secretaría de Gobernación por violar la Ley Federal de Radio y Televisión, de publicidad en materia de salud por transmitir “productos milagro” y la legislación electoral por desacatar esta regulación.