El especialista en telecomunicaciones, Javier Tejado Dondé, señaló que el visto bueno de la SCT se traducirá en “llamados a misa”, a los que “probablemente” nadie hará caso.
En el primer borrador de la reforma a telecomunicaciones contemplaba la opinión no vinculante del presidente, pero luego de la revisión y aprobación en la Cámara de Diputados, la modificación al artículo 28 quedó de la siguiente manera:
“Corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales.”
Sobre dicho cambio, Tejado Dondé opinó: “No me gusta esa dualidad y esta permanencia en la SCT de un área encargada de hacer llamados a misa que lo más probable es que nadie le haga caso en ese instituto, por ser opiniones no vinculativas”, expresó en entrevista radiofónica.
Además señaló que si se le da opinión vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el tema de las contraprestaciones, es decir, cuánto se paga por el espectro, hace lógica para tener unificado los criterios de pagos que ha habido en los últimos años en México.
Sin embargo, aclaró que el hecho de que el nuevo organismo regulatorio en telecomunicaciones tenga una política no recaudatoria, provocaría un choque entre lo que opine Hacienda y lo que opine el nuevo instituto.
En entrevista con Radio Fórmula, Tejado Dondé aceptó que los diputados pulieron algunos temas de la iniciativa y puso como ejemplo la corrección en el tema la inversión extranjera en radiodifusión, para que se aplicara la figura de la “reciprocidad”.
También calificó como positivo que se haya corregido el salario de los nuevos funcionarios del nuevo órgano regulador. En un principio, su sueldo se había puestos en términos de los ministros de la Suprema Corte, pero finalmente quedaron por debajo del salario del presidente.
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