AUTOR: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN
La causa de las demandas, según los comuneros, es por haber concedido de manera arbitraria y autoritariamente, la autorización a la empresa denominada Las Encinas S.A. de C.V. para realizar el proyecto de ampliación de la superficie de explotación de la mina de Aquila, sin autorización de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, posesionaria y propietaria de la superficie ejecutada en dicha ampliación.
Con esta acción, denunciaron, se pretende desalojar a la comunidad indígena de San Miguel de Aquila de su territorio comunal, toda vez que para autorizar el proyecto de ampliación de explotación de la mina, “no se notificó, citó, escuchó, o venció a la comunidad en juicio o procedimiento legal alguno, violando en su perjuicio las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Al llevar a cabo un procedimiento administrativo respecto a los bienes inmuebles pertenecientes al régimen comunal, cabe recordar que estos son imprescriptibles, inembargables e inalienables, por lo que con dicha autorización se causan daños de imposible reparación al patrimonio de la comunidad”, afirmó un vocero de los comuneros.
De concretarse esta intención, dijo el vocero, se pretende causar daños severos en las tierras comunales, que son patrimonio de la comunidad, toda vez que con el desarrollo del proyecto y ampliación de superficie de explotación de la mina de Aquila, se afecta de manera directa los recursos naturales, como son el agua de ríos y manantiales, árboles de parota, selva, animales, flora y fauna, el suelo y las demás especies que habitan en la zona, causando graves daños al ecosistema”.
Al citar al respecto el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sustentado en el artículo 133 de la Constitución, donde se menciona, en su artículo cuarto, que deberán aprobarse las medidas que se precisen para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. En su primer párrafo, tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados; en los párrafos dos y tres, se menciona que el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo como consecuencia de tales medidas especiales, indicó.
En entrevista el representante de Bienes Comunales, Octavio Villanueva, señaló que las tierras se liberarían para ser ocupadas por la minera Ternium a través de la ampliación que autorizaron la PROFEPA y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de manera autoritaria y arbitraria. Son terrenos de ocupación temporal, de las cuales sólo una parte es la que está convenida para la explotación, y la empresa sabe bien cuáles son; pero estos terrenos, con los estudios que se han hecho en los últimos cincos años, se ha visto que no tienen tanto cuerpo minero. Ahora presumimos que con el tráfico de influencias en los periodos presidenciales pasados, a la minera se le autorizaron unas nuevas coordenadas para desviarse así al sureste, donde hay más mineral dosificando.
De acuerdo con la autoridad comunal, la decisión avanzó ante las autoridades federales “con sobornos a las autoridades comunales de Aquila, así como la imposición del presidente municipal, que siempre buscaba el interés de la empresa Ternuim; además de que el Ejército Mexicano ha sido intimidante con los comuneros que defienden sus terrenos comunales que ahora están a cargo de la seguridad del municipio, quienes tienen custodiado el edificio de la Presidencia Municipal”.
Los terrenos de la superficie de explotación de la mina de Aquila son 73 hectáreas desde 1982; el proyecto de ampliación de explotación de yacimientos, que actualmente ejecuta la empresa Ternium, es de 128 hectáreas, lo cual rebasa por mucho el convenio que se tiene con la comunidad para la explotación de las minas de fierro, “son 55 hectáreas en que la empresa realiza trabajos sin el consentimiento de la comunidad”.
Los actos que reclaman los comuneros de San Miguel de Aquila emanan del oficio número PFPA/22.7/2C.28.2/0985/2012, emitido por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegación Michoacán, y de la SEMARNAT, con fecha del 10 de noviembre de 2012, dictado dentro del expediente PFPA/22.7/2C.28.2/00150-12, a Fidel Villanueva Espinoza.
En el mismo se indica el oficio número SGPA-DGIRA-DG.0100.08, suscrito por la misma dependencia federal que autoriza, en materia de impacto ambiental, a la empresa Las Encinas S.A. de C.V. para el proyecto denominado “Ampliación de la superficie de explotación de la mina de Aquila”, con ubicación en el municipio de Aquila, Michoacán, donde los comuneros desconocen su contenido.
Los comuneros de los anexos de Ayula, Zapotán, Chorumo, La Naranja, Otate, Minita, Azuela, Puerto Chilacato, Rosalito, El Rincón, Vainilla, Coralito y Primavera, reclaman a su vez los resolutivos que permitan la ampliación de la explotación de mina, o los resolutivos que autoricen caminos en el Río de Aquila o caminos secundarios o primarios al mismo; o ríos de afluencia llamados de Coyulera, La Vainilla., La Abuela, etc., que permitan la apertura y ampliación de caminos dentro de las tierras comunales, lo cual pone en riesgo los manantiales y recursos de flora y fauna de la comunidad.
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