Por: Norma Trujillo Báez
EL MINISTERIO PÚBLICO RESULTÓ SER UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS CUESTIONADAS AL CONSIDERARLO EL SEGUNDO MOMENTO PROPICIO PARA DISCRIMINAR POR LA APARIENCIA FÍSICA, LA EDAD O LA CLASE SOCIAL ¦ FOTO AVC NOTICIAS
Luego de que se diera a conocer que en 2012 el 83.20 por ciento de los delitos que se cometen en Veracruz no son denunciados ante el Ministerio Público (MP) por desconfianza, que se ocupa el lugar 26 de los 32 estados en el porcentaje de efectividad en el desahogo de investigaciones y el lugar 30 en cumplimiento de órdenes de aprehensión por parte de esta Institución, con la nueva Ley de Amparo el Ministerio Público tenderá a ser relegado y los particulares podrán ir directamente ante los jueces para buscar la justicia penal que hasta ahora el representante social decidía si ejercía o no la acción penal contra una persona.
La nueva legislación que busca terminar con la impunidad de los delitos cometidos contra la población, que fueron solapados y protegidos por los representantes de las procuradurías de Justicia (federal y estatales), ahora podrán ser denunciados directamente ante los jueces, quitándole a los MP el monopolio del ejercicio de la acción penal.
En un diagnóstico realizado en el Reporte sobre la discriminación en México 2012. Proceso penal, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
explican esta situación a partir de que prácticamente todos los estudios de opinión analizados de 2005 a 2010 demuestran que entre las y los mexicanos se desconfía de la justicia penal porque se asume que los ingresos de la persona son clave para obtener satisfacción.
De estas encuestas, los entrevistados se quejan de la ineficiencia y corrupción que laceran el proceso penal, desde el tramo que corresponde a los aparatos policiales hasta el del sistema de readaptación social, pasando por el papel desempeñado por los ministerios públicos y los juzgados responsables de esta materia, pues de acuerdo con la Encuesta nacional sobre la discriminación en México 2010, la división entre pobres y ricos es el asunto señalado como aquel que más divide a la población mexicana con el 59.5 por ciento. Este dato se liga automáticamente al obstáculo principal percibido por la gente, respecto al acceso a la justicia: se afirma que el ingreso, la posición social y el nivel educativo son condiciones para obtener el beneficio de la ley y la autoridad.
De acuerdo con la Encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas 2008, el 65.4 por ciento de las y los mexicanos piensa que las leyes se aplican para lograr el beneficio de unos cuantos.
En la Encuesta de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de justicia ofrecida por los órganos de impartición de justicia en México 2010, 86.9 por ciento de las personas con ingresos entre mil y mil 644 pesos mensuales considera que está insuficientemente protegida contra abusos de la autoridad, mientras que esa cifra baja a 68.5 por ciento cuando se trata de personas que perciben más de 16 mil 440 pesos mensuales.
Es decir, “no se considera, ni del lado de los usuarios ni de los impartidores, que la nuestra sea una justicia imparcial, ya sea porque los primeros creen que hay una justicia para ricos y una para pobres, o porque los segundos piensan que la ciudadanía sólo evalúa la justicia en tanto le beneficia de forma individual; en esta los usuarios perciben que hay un tratamiento distinto para unos y para otros, y que los impartidores tienden a deslindarse de esta responsabilidad al considerar que su rol es estrictamente el de cumplir las normas al pie de la letra”.
Pero lo cierto es que para las personas usuarias del sistema es el gasto que implica el proceso legal en México, puesto que de acuerdo con los datos de la encuesta citada, “4 de cada 10 usuarios tuvo que privarse de gastos que acostumbraba hacer como consecuencia del juicio, casi 3 de cada 10 había tenido que pedir un préstamo, y 2 de cada 10 debieron trabajar horas extras o deshacerse de algún bien”.
Otro obstáculo que se erige para tener acceso a la justicia es el del traslado a los tribunales, no sólo en términos de transporte, que sin duda es significativo para quienes menos ingresos perciben, sino también del costo relativo en tiempo debido a las zonas distantes donde se encuentran algunos de los tribunales.
La falta de acceso a la justicia por cuestiones de ingreso y condición social no es la única que finca percepciones negativas respecto al sistema de justicia en México. De manera general, las encuestas revelan que gran parte de la sociedad considera que no funciona bien la justicia, y esto se atribuye principalmente a la corrupción y la ineficacia de las autoridades.
La encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identifica que el 47.7 por ciento de las y los entrevistados opinan que el sistema funciona mal en parte o llanamente mal; por su parte, 22 por ciento asume que el principal problema de la justicia mexicana es la corrupción, seguido de 11.3 por ciento cuya sensibilidad le dice que la desigualdad y la injusticia pesan para mal en dicho sistema, y otro 11.2 por ciento que advierte ineficacia en las autoridades, mezclada con corrupción.
Estas percepciones podrían servir para explicar por qué las personas suelen abstenerse de denunciar hechos delictivos. El porcentaje de delitos que no se denuncian se conoce como “cifra negra” y el promedio nacional, en 2010, fue de 83 por ciento.
La mayoría de las personas que no denuncian argumentan que, de hacerlo, sería una pérdida de tiempo o que de plano no tienen confianza en la autoridad, ineficiencia de la autoridad, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, miedo a la extorsión, actitud hostil y desconfianza de los funcionarios, sumadas como causas sondeadas por la Encuesta nacional sobre inseguridad 2010, suman 69 por ciento de las percepciones.
A lo anterior debe añadirse el argumento de que, en promedio, sólo el 5 por ciento de los casos denunciados ante la justicia penal se obtiene como consecuencia poner a quien delinque a disposición de un juez.
El Ministerio Público en Veracruz, de los peores
En el documento del CIDE y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se hace un recorrido por las distintas instancias del proceso para alcanzar la justicia, en el que el Ministerio Público resultó ser una de las instituciones más cuestionadas (además de las policías) al considerarlo el segundo momento propicio para discriminar por la “apariencia física, la edad o la clase social” para determinar si solicita el ejercicio o no de la acción penal ante un juez, en lugar de seguir un criterio apegado a la ley.
Basados en entrevistas a los Ministerios Públicos en el Distrito Federal, se descubrió que hay una suerte de “cuota de consignación” para consignar determinado número de asuntos por mes, pues de no ser así quedaban obligados a trabajar doble turno, que a su vez relacionada con el bono mensual que con frecuencia reciben los policías preventivos con base en el número de presuntos responsables que ponen a disposición del representante social, resultaba ser la explicación del porqué la gran cantidad de jóvenes pobres estaban detenidos en prisiones (situación a la que Veracruz no es ajeno).
Por otra parte, en la Encuesta de inseguridad 2010 sólo el 12.60 por ciento de personas entrevistadas tienen confianza en el MP, el 26 por ciento aseguran haber recibido maltrato, el 62.6 por ciento afirman que no recibieron ningún tipo de servicio y sólo el 15 por ciento dijo que le fue bridada información en la investigación previa. El 9.4 por ciento confirmó que le brindaron asesoría, pero lo más grave que el 31 por ciento de las personas dijeron que nada sucedió después de haber acudido a denunciar.
Cabe precisar que el estado tiene 4.20 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con respecto a otros estados ocupa el lugar 13; el primer lugar lo ocupa Baja California Sur con 9.80, seguido de San Luis Potosí y Nayarit con 8.90, cada uno, y Durango con 6.80. Los más bajos son el estado de México con 1, Tlaxcala con 1.30, DF con 1.40, Yucatán con 1.50 y Baja California con 1.70.
Por otra parte, en la entidad ocupamos el lugar 19 de la cifra negra a nivel nacional (delitos sin denunciar ante el MP por desconfianza), sin embargo de estas cifras el porcentaje de efectividad en desahogo de investigaciones nos colocó en el lugar 26 con el 10.5 por ciento, tan sólo arriba de Jalisco con 9.20 por ciento, Campeche con 9.20, Estado de México con 8.9, Yucatán con 7.20, Durango con 5 por ciento y Quintana Roo con el 2.30; en cambio, en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, el estado cayó hasta el lugar número 30 con el 28 por ciento, tan sólo arriba de Chiapas con el 27.10 por ciento y Aguascalientes con el 23.4 por ciento.
En el caso del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, el primer lugar lo ocupó el estado de Sonora con el 69.50 por ciento, seguido por Baja California Sur con el 60 por ciento, Colima con el 58.9; Nuevo León con el 57.6 y Tabasco con el 57.4.
En cuanto a la efectividad en el desahogo de investigaciones –en las que el estado ocupa el lugar 26–, el primer lugar lo tiene Chihuahua con el 42.4 por ciento, seguido por Coahuila con el 31.50 por ciento, el tercero Guanajuato con 25.90 por ciento, Nuevo León con el 22.60 por ciento y el Distrito Federal con el 22.10 por ciento.
Respecto al porcentaje de mucha confianza de la población con el MP local, la entidad ocupó el lugar 12 a nivel nacional con el 16.90 por ciento, es decir, arriba de la media nacional, en donde Nayarit ocupa el primer lugar con 29.90 por ciento, seguido de Yucatán con 23.30 por ciento, Colima con 23.20 por ciento y Baja California Sur con 21.70 por ciento; mientras que los 5 con menos confianza fueron Distrito Federal con 5.30 por ciento, Estado de México con 5.70 por ciento, Tabasco con 6.90 por ciento, Aguascalientes con 7.30 por ciento y Durango con 7.30 por ciento.
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