AUTOR: MARCELA TURATI.
El presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores se embrollan cada vez más en lo que atañe a las personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran; luego, de manera inopinada la Secretaría de Gobernación difundió una lista en la que enumeraba a más de 27 mil. Pero cuando activistas sociales y familiares de los agraviados consultaron el registro de los desaparecidos, descubrieron que algunos de ellos tampoco estaban en las listas.
MÉXICO, D.F: Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la lista oficial.
“Es indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.
Enumera los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.
A la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.
Hace un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“La cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”, dice Margarita a Proceso.
Si uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED) aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.
En cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.
El registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los municipios y entidades donde desapareció, la fecha del suceso y si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.
De las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.
De ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.
La lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).
En la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.
Por esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Así, las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
El informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Con la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se desconocía.
En entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas salieron en su apoyo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
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