La organización del excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la iniciativa ignora por completo a las radios comunitarias, indígenas y alternativas, además de que no garantiza espacio para voces de la oposición y el pensamiento crítico.
Se reproduce el posicionamiento de la organizaciónlopezobradorista, pronunciado este martes por el propio Batres, en el que se incluyen seis detalles que no contempló la iniciativa que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, donde será discutida y dictaminada:
La discusión nacional actual del tema de la democratización de los medios de comunicación fue plateada desde hace muchos años por la academia, la sociedad civil, la oposición política y, en general, por los mejores exponentes del pensamiento crítico del país.
Dicho cuestionamiento crítico fue convertido en un potente planteamiento programático, con un amplio respaldo social de millones de mexicanos, por el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, en el contexto de la lucha contra el fraude electoral. Morena no convirtió en un tema principal de la agenda nacional.
Recientemente nuevos movimientos como el representado por jóvenes universitarios del #YoSoy132 reforzó y actualizó el cuestionamiento a la concentración monopólica de los medios de comunicación.
La presentación de la iniciativa gubernamental en materia de telecomunicaciones es una demostración de lo políticamente insoportable que había llegado a ser el arreglo monopólico tradicional en esta materia. El sistema necesitaba entrar a esta discusión planteada por la sociedad mexicana desde hace muchos años.
La iniciativa en cuestión intenta dar a entender que se recogen demandas de la sociedad, tales como: La apertura de nuevas cadenas de televisión; los límites al porcentaje que en el mercado tenga una misma empresa; el acceso a la señal abierta de televisión por parte de las diversas empresas de televisión por cable; el acceso ciudadano a las tecnologías, en particular la internet.
Sin embargo, la iniciativa está muy lejos de representar una verdadera democratización de los medios de comunicación, y abre nuevos capítulos de retroceso nacional, por las siguientes razones:
1. La asignación de las posibles nuevas cadenas televisivas se encuentra dirigida hacia los grupos económicos que ya son monopólicos en otros ámbitos de las telecomunicaciones.
2. No se amplía la pluralidad de contenidos. Las nuevas cadenas de televisión quedarán dentro de los 30 grupos económicos que ya son dueños de la economía nacional y que comparten ideológicamente el proyecto oficial.
3. La iniciativa ignora por completo a las radios comunitarias, indígenas y alternativas, a las universidades públicas y privadas, a los organismos de la sociedad civil y, en general, a todas las instancias no empresariales o mercantiles. En la reforma propuesta no están reflejados los intereses de la gente, no hay una visión social ni cultural.
4. No se recoge la reglamentación del derecho de réplica ni la figura del ombudsman del televidente.
5. No se reglamenta la asignación de la publicidad oficial.
6. En gesto dramático de entreguismo se abre el sector de las telecomunicaciones a un 100% de inversión extranjera, tal como lo pedía el bando mundial, y con lo que se sienta un precedente ominoso en la ruta de la llamada reforma energética.
Además, las formas políticas de la presentación, de la iniciativa entrañan nuevos retrocesos autoritarios:
1. El Congreso es convertido en una simple entelequia, sepultado y desaparecido. En el mejor de los casos, es una oficialía de partes. Ahí ya no se discute nada. Ahí sólo se aprueba lo que ya se discutió en secreto, a oscuras, en otra parte.
2. La reforma en telecomunicaciones podría convertirse en moneda de cambio para facilitar la entrega de la industria petrolera a las compañías extranjeras.
3. No se sabe en este momento todo lo que se está negociando en las altas esferas privadas a cambio de la aceptación de esta reforma en telecomunicaciones por parte de los intereses presuntamente afectados.
En conclusión, la iniciativa de reforma en telecomunicaciones representa principalmente un nuevo equilibrio entre los grandes grupos económicos que ya invierten en el sector.
No garantiza voz para la oposición y el pensamiento crítico. No amplía la pluralidad de concepciones en los medios.
No aborda el tema de las tarifas y costos de los servicios para la ciudadanía.
No tiene una vocación social ni ciudadana, ni está basada en la participación de la sociedad civil.
La democratización de los medios no puede ser únicamente una mayor competencia entre grandes empresas, sino sobre todo la inclusión de los actores no empresariales.
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