lunes, 11 de febrero de 2013

Triquis: violencia y pobreza extremas

Fuente:Contralínea periodismo de información
Por:Érika Rámirez /José Luis Santillán


foto Luis Santillán


En la región triqui no hay empleo, salud, alimentación, educación ni vivienda. Tampoco, justicia ni paz. A la miseria se suman el desplazamiento forzado, la orfandad y la viudez. Niños, en permanente zozobra


Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. La velocidad de la camioneta supera los 120 kilómetros en la modesta y sinuosa carretera que va de Juxtlahuaca a la región triqui. Un automóvil blanco la rebasa. En la siguiente curva, el vehículo ha desaparecido. El guía triqui no se asombra de la velocidad con que se desplazan los autos: “Podríamos ser emboscados”, explica.
 
La Sierra Mixteca de un lado. Sobre la carretera hay casas que lucen con las fachadas descarapeladas, agujeros de bala. No hay salida de emergencia ni escondite. De un momento a otro cualquiera podría ser atacado. La tensión que se despertó, desde noviembre de 2009, entre las organizaciones de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente sigue vigente.
 
Por eso la gente ha abandonado los cafetales, los platanares, las siembras. Los hombres ya no pueden trabajar en los campos de estas comunidades indígenas. Las armas no han desaparecido ni la división de los grupos ni el descontento. Todo permanece en tensa calma.
 
Decenas de personas han sido desplazadas de esta región y del centro ceremonial San Juan Copala. Hay quienes encontraron un espacio donde vivir en el plantón que permanece en el centro de la capital oaxaqueña, en municipios aledaños, en el distrito más cercano (Juxtlahuaca), incluso en la capital del país. Familias enteras se han disgregado. Orfandad, viudez y abandono marcan a las comunidades triquis.
 
Rafael González López, líder de Yosoyuxi, afirma que son más de 50 las personas asesinadas desde que se declararon en autonomía.
 
Recuerda la muerte de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, ocurridos en la emboscada a una caravana de paz el 27 de abril de 2010. Así como de uno de los principales impulsores del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Timoteo Alejandro Ramírez, y su esposa, el 20 de mayo del mismo año.
 
Aunado a la violencia e inseguridad, “aquí hacen falta aulas, trabajo, médico permanente, pero lamentablemente no llega el apoyo como se debe. Tampoco nos atrevemos a pedir el apoyo al estado”, indica.
 
El hombre indígena, que forma parte del movimiento autónomo que se comenzó a organizar en 2007, considera que todo lo que les hace falta es que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) asuman su papel.
 
Y es que, dice, “se nos ofrece traer recursos cuando se forman mesas de trabajo relacionadas con los temas de justicia; pero ellos no nos toman en serio, no cumplen sus promesas”.
 
En octubre de 2012, defensores de derechos humanos anunciaron que la administración de Gabino Cué Monteagudo informó que se giraron 12 órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en el asesinato de la directora de Cactus y del observador finlandés, sin que hasta el momento se haya detenido a alguno de los responsables.
 
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta comunidad indígena, compuesta por más de 800 habitantes, vive en un grado de marginación “muy alto”. Sin embargo, esos números oficiales no se refieren a otras problemáticas, como la incertidumbre, el hambre y el miedo que hay en la región.