FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) instaron al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Poder Legislativo a reglamentar la reforma que federaliza los delitos contra comunicadores, así como sancionar a los responsables de las agresiones.
En un comunicado emitido después de la visita que realizó una misión internacional del 10 al 13 pasados, se reconocen los avances en materia de reformas, como la creación del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, pero se advierte que se registra un “empeoramiento” de las condiciones de seguridad para el gremio.
La delegación visitó México para “evaluar las medidas gubernamentales para garantizar la seguridad de los periodistas, así como las estrategias adoptadas por los propios medios y profesionales de la comunicación para continuar informando desde los lugares más peligrosos del país”.
De acuerdo con entrevistas a periodistas y representantes del Estado, se señala en el documento, el escenario es especialmente grave para informadores que laboran en las regiones “afectadas por el poder de los cárteles de droga, como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz”.
Luego de resaltar que desde 2006 se registraron 55 asesinatos a reporteros, IPI y WAN-IFRA destacaron que en esas regiones “los propios medios informativos también han sido lentos en adoptar medidas para salvaguardar la integridad física de los periodistas”.
Roger Parkinson, expresidente de WAN-IFRA y cabeza de la misión internacional, calificó como “problemas horrendos” los que atraviesa la prensa mexicana, toda vez que “una parte importante del país está controlada por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, no por los gobiernos estatales”.
El también integrante de IPI y exeditor, director general y presidente del grupo editorial canadiense Globe & Mail, destacó que de la información recabada puede confirmarse que “estas mafias torturan y asesinan a los periodistas, obligándoles a la autocensura”.
Parkinson consideró como un avance que en junio pasado el Senado haya reformado el artículo 73 de la Constitución, que permite al gobierno federal atraer investigaciones sobre agresiones a periodistas, sin embargo, recordó que aún no se ha emitido una ley reglamentaria para aplicar esa norma.
“Sólo se alcanzará un progreso real cuando los criminales estén entre las rejas”, apuntó el defensor.
En el documento también se destaca que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, afirmó que, “si todo va bien”, en un plazo de cinco meses se promulgaría la ley secundaria.
La responsable del área de Libertad de Prensa de IPI, Bárbara Trionfi, recordó que en los últimos seis años “México ha sido uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”, por lo que para ambas organizaciones la seguridad de los periodistas es “una cuestión prioritaria de la misión”.
Para la activista fue decepcionante que “pese a la buena voluntad manifestada por las autoridades mexicanas, el desarrollo de leyes y otras medidas destinadas a erradicar los ataques contra los periodistas es lento y muchos de esos mecanismos aún no han empezado a funcionar”.
De entrevistas con algunos comunicadores, la misión advirtió “la falta de conciencia sobre el peligro que afrontan los profesionales de los medios en algunos lugares del país”, ello pese a que en marzo de 2011 se firmó por parte “de 46 grupos mediáticos un acuerdo para el establecimiento de criterios editoriales contra la violencia”, lo que se llamó Iniciativa México.
La delegación de IPI y WAN-IFRA estuvo conformada, además de Parkinson y Trionfi, por Larry Kilman, director adjunto de WAN-IFRA; Rodrigo Bonilla, responsable de misiones de libertad de prensa de WAN-IFRA, y Scott Griffen, asesor de libertad de prensa para América Latina y el Caribe.
Durante su visita la delegación también se reunió con autoridades federales, estatales e intergubernamentales, periodistas y editores, así como diplomáticos y grupos de la sociedad civil, abordando además los temas de la “dependencia mediática de la publicidad gubernamental y la concentración de propiedad en el sector de la radiodifusión”.
En el comunicado se asienta que entre los funcionarios públicos con los que se reunieron destaca el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, y la fiscal especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Borbolla.
El primero se comprometió a “no permitir que los gobiernos estatales cometan abusos, sean del partido que sean”, y la segunda “expresó su confianza de que se producirán más sanciones una vez que entre en vigor la nueva legislación”.
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