martes, 12 de febrero de 2013

Marina hostiga a Policía Comunitaria de Cualac Guerrero

FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: SERGIO FERRER.


CUALAC, Guerrero.- Después del acto de toma de protesta de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac, que se une a la de Temalacatzingo y Huamuxtitlán, dirigentes denunciaron que durante el traslado de 12 integrantes de la PCP de Temalacatzingo a Cualac, en el retén de La Marina en Olinalá les fueron decomisadas cuatro armas.

Estas acciones de hostigamiento desatienden el acuerdo que firmó el gobierno estatal y el alcalde Eusebio González de respetar a la Policía Comunitraria, luego de que fueron liberados tres retenidos afines a Antorcha Campesina acusados de amenazas y agresiones físicas.


En conferencia de prensa en el atrio de la iglesia principal del pueblo, se habló de la situación de la UPOEG en la costa-montaña. Zitlali Pérez denunció que el sector de la UPOEG encabezado por Bruno Plácido Valerio que también dirige la autodefensa, es una organización generada desde el gobierno que la ha financiado para generar confrontación entre la CRAC y abrir el paso a la militarización y la destrucción de los recursos naturales como por ejemplo la minería.

Ante esto, los coordinadores de la PCP repudiaron estas acciones “que corroboran el trabajo del gobierno para confrontar a la ciudadanía”, tras comentar que estarán en un diálogo para tejer una red

en el estado de Guerrero e incluso el país, el consejero de la CRAC en Ayutla Arturo Campos, que se definió como un integrante mas de la Policía Comunitaria, emitió su respaldo a la PCP y señaló que aunque tengan diferente nombre en su lugar de trabajo, trabajan con un mismo fin.

Señaló que la CRAC tiene un reglamentó y pidió respetar a la institución de la Policía Comunitaria y frenar las agresiones porque no es cualquier sistema, en cuanto a la toma de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán por parte del sacerdote Mario Campos, estudiantes de Unisur, algunas autoridades comunitarias, Cirino Plácido Valerio, reprobó lo sucedido y emitió su respaldo a los coordinadores de San Luis, “podrán estar en las oficinas pero no han tomado el poder”, replicó.

Campos reconoció que algunos coordinadores de San Luis negociaron con el gobierno apoyos lo que ha debilitado el movimiento pero reviró que la UPOEG maneja gente que no pertenece al sistema comunitario como San Marcos o Tecoanapa y otras comunidades que buscan incidir en la elección de nuevas autoridades cuando no están adheridas a la CRAC.

Afirmó que es claro que trabajan para el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que ha respaldado la autodefensa dejando que avanzaran pero precisó que no están en contra de los pueblos que tienen su derecho de auto defenderse pero sí repudiaban los acuerdos de dirigentes que solicitaron al Ejército en la zona para abrir el camino a las mineras.



“Da lástima que los propios líderes indígenas estén utilizando a las comunidades”, indicó.

Conrado de Jesús, uno de los coordinadores de la PCP de Cualac afirmó que el sistema de justicia comunitario no violenta los derechos humanos, sino que está encaminada a combatir los actos delincuenciales.

Aseveró que los Consejos de gobierno, seguridad y justicia luchan por la construcción de la soberanía popular que es la verdadera democracia, cuando el pueblo dice su palabra y ratificó que son un movimiento independiente y popular no dependiente de partidos políticos ni del gobierno.

Los dirigentes aclararon que no están contra las instituciones sino contra los que trabajan en ella y son corruptos así como contra la delincuencia y daños físicos, sicológicos, abusos de poder que se cometan.

La PCP aplica las tres erres: Retención no detención, Reeducación que incluye un examen sicológico y la Reintegración a las comunidades en un marco jurídico ubicado en la Ley 701 y en asambleas de pueblos.

Coordinadores señalaron que es inútil una iniciativa de ley si no se consulta a los pueblos, además de que ya existe un reglamento que cuenta con un derecho constitucional legitimado en asambleas en relación a la propuesta del gobernador de emitir un decreto que desecharía la Ley 701, un logró para los pueblos indígenas según el jurista Vidulfo Rosales.