viernes, 8 de febrero de 2013

Ilegalidad y violencia para imponer hidroeléctrica en Puebla

FUENTE: PROYECTO AMBULANTE.
AUTOR: SARAI RIVADENEYRA.


Puebla, México. Amenazas, conformación de grupos locales de choque, ocultamiento de información y privación ilegal de la libertad son las tácticas que utilizan el gobierno y Grupo México para doblegar a los habitantes que en la Sierra Norte de Puebla se oponen a que los despojen de sus tierras y aguas para edificar una hidroeléctrica. El episodio más reciente ocurrió el 26 de enero en Olintla.

El Grupo México pretende construir una hidroeléctrica en esa zona serrana para surtir de energía a las minas del mismo consorcio. Los habitantes de la zona rechazan el proyecto, que tomaría el agua del río Ajajalpan, porque afectaría a sus tierras y su modo de vida, y junto con organizaciones civiles (como el Consejo Tiyat Tlali y la Unitierra), exigen que se proporcione información completa sobre los posibles efectos de la obra.
Después de que representantes del gobierno y la empresa realizaron una reunión con los opositores y otra con un grupo que se manifiesta a favor de la megaobra –que los opositores señalan que es promovido por las autoridades-, los opositores fueron retenidos y amenazados. Éste es el relato en primera persona de Sarai Rivadeneyra, una de las afectadas por la represión.

El sábado 26 de enero de 2013, nos reunimos en la localidad de Ignacio Zaragoza, Olintla, Puebla, mujeres y hombres de las localidades de Bibiano Hernández, Xochicuautla y Bienvenido H. Galeana, afectadas por proyectos hidroeléctricos que se planean realizar en la Sierra Norte de Puebla; y diversas organizaciones regionales, estatales y nacionales. Todos estamos preocupados por la manera arbitraria en la que Grupo México y las autoridades municipales presionan a los habitantes para aceptar un proyecto hidroeléctrico que ellos rechazan, por lo que mantienen un plantón desde el 5 de diciembre del 2012.

Al mismo tiempo las autoridades municipales, encabezadas por el presidente Héctor Arroyo Bonilla, el síndico municipal Domingo de Jesús, el representante de Grupo México, Rafael Cervantes, y algunos funcionarios estatales como el representante de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico Roberto Vigil y los delegados estatales Omar Camacho y David Díaz, se reunieron en la primaria de la localidad, lugar al que la gente del plantón se negó a trasladarse.

Al acercarse al plantón, el presidente municipal sólo habló de que se comprometía a vigilar que la empresa pagara los predios afectados; la empresa mencionó apenas dos beneficios de la empresa que además, precisó, “no son gratis”; y la gente del plantón manifestó su rechazo al proyecto y cuestionó a las autoridades por promover el proyecto hidroeléctrico.

Después de la reunión, el presidente municipal salió de la comunidad pero los habitantes de Ignacio Zaragoza lo interrumpieron en el camino para solicitarle que en ese momento se llevaran la máquina del lugar. Como respuesta sólo recibieron una cita para el martes 27 de enero.

A su retirada, los funcionarios municipales y estatales se quedaron en un bloqueo al lado del Frente Cívico a favor de la hidroeléctrica y los representantes de Grupo México, donde detuvieron a las organizaciones y visitantes de Bienvenido, Ahuacatlán y Bibiano Hernández con lujo de violencia.

Fue un grupo de maestros y maestras del municipio quienes encabezaron al grupo que incendió pastizales y cartones, aventó a los autos de los compañeros de Necaxa, Ahuacatlán y Cuetzalan y amenazó con quemar los vehículos. La policía estatal bloqueó el paso entre estos tres vehículos y los otros autos que intentaban salir y, ante las provocaciones del bloqueo, las organizaciones regresaron a Ignacio Zaragoza, mientras los tres vehículo retenidos salieron en medio de pedradas y mentadas de madre, pero fueron obligados a firmar un documento donde se comprometen a no regresar jamás a Olintla.

Las organizaciones que estuvimos retenidas en Ignacio Zaragoza permanecimos hasta el día domingo 26 hasta las cuatro de la tarde. En esas 18 horas recibimos la visita de los delegados estatales a las 12 de la noche y a las nueve de la mañana, que insistieron en que saliéramos inmediatamente bajo el argumento de “no hacer más grande el problema”. En ese lapso, llegó más gente al plantón, que fue hostigada y agredida durante la noche por transitar por la comunidad.

Las organizaciones no aceptamos salir hasta ver llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo al que entregamos un documento donde exigimos entre otras cosas la integridad física, moral y psicológica de la localidad de los habitantes de Zaragoza, para lo cual exigimos medidas cautelares como la presencia de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos y la investigación y resolución inmediata a las quejas puestas anteriormente por los compañeros de Zaragoza ante los organismos de Derechos Humanos.

Estamos preocupados porque la situación en Ignacio Zaragoza no ha mejorado, contrario a lo que afirma la Secretaría de Gobernación en sus comunicados. Los habitantes de Ignacio Zaragoza y los de Olintla que simpatizan con el plantón no están seguros, no pueden transitar libremente por sus caminos y los niños asisten a la escuela enfrentándose a los maestros que encabezaron el bloqueo. Prueba de ello es que a pocas horas de la salida de las organizaciones, un hombre fue golpeado por cuatro personas -a las que no reconoció- en su camino a Ignacio Zaragoza.

Pudimos observar una complicidad entre autoridades municipales, estatales y la empresa Grupo México. Por lo tanto, los comunicados de Fernando Manzanilla donde argumenta que el problema es municipal, quedan rebasados por la participación y complicidad de los delegados estatales Omar Camacho y David Díaz, partícipes en el bloqueo junto con el ayuntamiento municipal y el Frente Cívico a favor de la hidroeléctrica.

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