martes, 26 de febrero de 2013

Calderón no ejerció un tercio del gasto público autorizado: San Lázaro

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Enrique Méndez.

Guardó 5.7 billones en fideicomisos, que luego usó de forma discrecional a través de Hacienda, señaló.

México, DF. El gobierno de Felipe Calderón dejó de ejercer en su sexenio una tercera parte del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados, y de los 15.5 billones de pesos que manejó entre 2007 y 2011 guardó 5.7 billones en fideicomisos, que después utilizó de manera discrecional a través de la Secretaría de Hacienda, concluyó la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados.

En su reporte sobre la cuenta pública 2011, la UEC –el órgano que la Comisión de Vigilancia tiene para supervisar, a su vez, a la Auditoría Superior de la Federación– resaltó que la administración de Calderón fue permisiva con los grandes contribuyentes, pues al obtener ingresos petroleros excedentes relajó los esfuerzos de tributación.

Incluso señaló que “es difícil de probar, pero se sabe que los corporativos mexicanos se recobraron de sus pérdidas con la especulación en derivados cambiarios, de 2008 y 2009, mediante el mecanismo de elusión de impuestos. De hecho, muchas empresas lucraron comprando pérdidas cambiarias para evadir impuestos a través de operaciones off shore”.

Asimismo, informó que en el mismo periodo los gastos fiscales (recursos que no ingresan por tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas y regímenes especiales) ascendieron a 2.9 billones de pesos.

Principales hallazgos

Más aún, la UEC refirió que uno de los principales hallazgos de la ASF en la cuenta pública es el “elevado margen de discrecionalidad” con que la Secretaría de Hacienda, conducida por Agustín Carstens y luego por Ernesto Cordero en el gobierno calderonista.

Entre 2007 y 2011, Hacienda autorizó reasignaciones por un billón 16 mil millones de pesos, indicó. “Una clara manifestación de esta discrecionalidad fue el incremento constante del presupuesto a ciertas dependencias, como Presidencia y las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Función Pública, entre otras”.

En el documento “Sistema financiero y riesgos de las finanzas públicas”, la UEC definió que en el sexenio anterior el gobierno “pulverizó los beneficios de los enormes recursos excedentes obtenidos por la venta de petróleo” e incluso utilizó recursos de los fondos de estabilización petrolera para financiar gasto público.

Esto, en contraste con otros países que imponen “candados severos para que los recursos excedentes puedan destinarse a fondos intocables, que permiten hacer frente a presiones futuras de pago de jubilaciones y pensiones, por ejemplo”.

La UEC explicó que aun cuando en el sexenio anterior se registró una volatilidad de los ingresos no tributarios, éstos registraron un repunte de 346 mil 381 millones de pesos en 2009 gracias a la misma crisis.

Esto se debió, dijo, a “una serie de hechos interesantes: por primera vez en una década el gobierno, a través de Hacienda, recibió una compensación por el seguro de precios petroleros; hubo un remanente generado por el Banco de México de 95 mil millones gracias a utilidades cambiarias, e ingresos del bono emitido al amparo de la reforma del Issste”.

La UEC expuso que en el mandato de Calderón se redujo la recaudación fiscal “debido al crecimiento de la evasión y elusión que subyacen por lagunas en la legislación, así como por deficiencias en la efectividad del órgano de recaudación del gobierno, el Servicio de Administración Tributaria”.

La caída en los ingresos tributarios, amplió, se debe a dos factores principales: el elevado gasto fiscal y la menor captación por el florecimiento de empresas de subcontratación.

Resaltó: “La evasión fiscal en México se ha desarrollado a través de esquemas sofisticados y mediante la apuesta de los contribuyentes al no pago de impuesto, por una baja probabilidad del órgano recaudador de identificar los esquemas de evasión o, en su defecto, por los altos costos que implica el combate a la evasión”.