AUTOR: JENARO VILLAMIL
El 2012 termina con un sector de las telecomunicaciones más confrontado que un año antes. El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto pretende enmendar la falta de una reforma integral con una serie de promesas planteadas en el Pacto por México.
El Pacto plantea algunos puntos que suenan bien en el terreno de los compromisos, pero no acaban de formar una estrategia de política pública en materia de telecomunicaciones.
El documento de Peña Nieto, firmado por los tres principales partidos políticos, enuncia algunos puntos:
1.- Crear tribunales especializados en materia de competencia económica y de telecomunicaciones (Compromiso 38).
2.- “Generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicios de datos y televisión abierta y restringida”. Para ello propone reformar la Constitución y “reconocer el derecho al acceso a la banda ancha” (Compromiso 39).
3.- Reforzar la autonomía y capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones “para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula” (Compromiso 40).
4.- Garantizar el crecimiento de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, los usos óptimos de las bandas 700 Mhz y 2.5 Ghz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos, bajo el esquema de una red pública del Estado (Compromiso 41).
5.- Crear una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá encargarse de “garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos”, fomentar la inversión pública y privada en telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico (Compromiso 42).
6.- Generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y “eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales” (Compromiso 44).
7.- Licitar “la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90Mhz en la banda 700 Mhz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre” (Compromiso 44).
8.- Se reordenará la legislación del sector de telecomunicaciones “en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados” (Compromiso 44).
9.- Adoptar “medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicio de datos que deberá ser simultánea” (Compromiso 45).
10.- La licitación de una tercera y cuarta cadena de televisión restringida, ofreciendo un must carry incompleto (Compromiso 43).
Así enunciadas, las promesas suenan bien. Pretenden recuperar el poder que el gobierno ha perdido frente a los poderes fácticos. Parecen afectar tanto los intereses de Grupo Televisa como los de Telmex. Prometen la apertura de mayor competencia.
Sobre todo, constituyen el anuncio de próximos y grandes negocios en el 2013, sobre todo en la banda 700 Mhz, hoy detentada en su mayoría por Televisa y TV Azteca, ya que ahí se alojan sus señales de televisión analógica. También la licitación de nuevas cadenas de televisión, pero sin aclarar que ninguna de las dos empresas dominantes pueden participar a través de terceros interesados (como algunos de sus socios o filiales en televisión restringida o en negocios paralelos).
Sin embargo, en la hoja de ruta trazada por el Pacto por México no hay plazos, ni estrategias claras ni principios legislativos rectores que comprometan al gobierno federal a cumplir una política pública de telecomunicaciones que no acabe naufragando, como en los últimos doce años, en la batalla corporativa.
Temas ausentes
Los dos grandes temas ausentes en este listado de promesas y negocios por venir en telecomunicaciones son: el derecho a la información y las políticas claras para promoverlo en la era de la convergencia y el triple play; y los medios públicos que simplemente fueron ignorados por el gobierno y los firmantes. No se ha dicho nada sobre los sistemas de Canal Once, Canal 22, IMER, Radio Educación, que dependen de presupuestos federales, y menos de los sistemas estatales públicos.
En un comunicado difundido el 14 de diciembre, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), un organismo especializado que al analizar el Pacto por México estableció lo siguiente:
“No basta con asegurar la competencia, también es indispensable generar las condiciones necesarias para el pluralismo y la diversidad, pues si hay un gran pendiente en la transición democrática en este país es precisamente el de la reforma estructural del concentrado sistema de medios. El Pacto por México obliga a sus firmantes a cumplir los compromisos adquiridos; de lo contrario, se evidenciará una vez más el miedo y sometimiento de la ‘clase política’ al poder fáctico de la televisión y las telecomunicaciones”.
La AMEDI enumera principios considerados como esenciales que debería contener una reforma integral de medios. Entre ellos:
1.- “Una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos internacionales.
2.- “Una ley convergente visionaria que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha.
3.- “Creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional”. La formación de este órgano regulador se planteó desde el sexenio pasado en varias propuestas de reforma legislativa, incluyendo la redactada por el Grupo Plural de la reforma de medios en el Senado de la República. Simplemente se quedó en la congeladora legislativa.
4.- “Definir las telecomunicaciones como servicio público, incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha”. Al hacerlo, el Estado debe evitar fenómenos de concentración y de monopolios, tal como lo establece el artículo 28 constitucional.
5.- “Crear una Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine los trabajos de la Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha con calidad (velocidad) y conduzca al país hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
6.- “Garantizar el servicio público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su plataforma de transmisión”, en otras palabras garantizar el must carry y el must offer de manera gratuitas.
7.- “Homologar concesiones y crear licencias únicas para la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones. Sólo existirá la figura de concesión para tres tipos de uso: comercial, público estatal, y social”. Esta propuesta también quedó “congelada” en varias iniciativas de ley desde el sexenio pasado.
8.- Fomento y reconocimiento a los medios públicos de Estado. El gran tema ausente en el Pacto por México. La AMEDI propone que “las frecuencias disponibles para televisión abierta también se destinen para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un organismo con autonomía respeto del gobierno”.
9.- “Reglas de dominancia en todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil, televisión restringida, banda ancha y radiodifusión”.
10.- Inversión extranjera directo al cien por ciento en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto implicaría romper el límite de un máximo de 49 por ciento de propiedad accionaria en sistemas de televisión y radio.
11.- Plantear que al menos el 20 por ciento de la programación de los medios de radiodifusión comerciales sea contratada a productores independientes, así como establecer cuotas de contenidos nacionales de calidad.
12.- Publicidad equilibrada y respeto a contenidos audiovisuales. Se evitará la publicidad engañosa y/o subrepticia.
En este punto, la AMEDI no propone la prohibición de la llamada “publicidad integrada”, es decir, los llamados infomerciales políticos o la compra simulada de espacios en medios electrónicos y digitales que se convirtieron en el punto medular de la relación irregular y los contratos entre Peña Nieto y Televisa.
Desde otro enfoque, quienes también han reaccionado son los sectores más vinculados con las telecomunicaciones y la transformación digital.
La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) y el Tecnológico de Monterrey elaboraron un compendio de recomendaciones, pero también criticaron la falta de un proyecto unificado de política digital, tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo.
“Encontramos una dispersión en los esfuerzos; hubo 300 iniciativas legislativas que se quedaron pendientes en materia de reformas de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) y telecomunicaciones lo que afecta la seguridad jurídica, desarrollo e innovación”, afirmó María Elena Meneses, directora el Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), del Tecnológico de Monterrey (Reforma, 14 de diciembre 2012, p. 9).
El estudio de Amipci y del Tec también desarrolla una serie de recomendaciones. Entre las más importantes:
1.- Proyecto de una entidad coordinadora del Programa de Desarrollo Digital Nacional que dé seguimiento a las propuestas.
2.- Programa de innovación de Tecnologías de la Información, mediante el desarrollo del capital humano especializado, a través de la cooperación internacional e intercambio del know how.
3.- Programas de conectividad para eliminar la brecha digital. Incluyendo, programas de conectividad de la red educacional, de apoyo al sector agropecuario, incorporarlo al Plan Nacional de Vivienda para desarrollar infraestructura para todas las nuevas viviendas mexicanas, vincularlo al sector educativo para desarrollar la educación técnica y habilidades matemáticas a nivel secundaria y bachillerato.
Frente a esta serie de propuestas, promesas y recomendaciones, lo más indicativo es el silencio de los grandes gigantes del sector: Grupo Televisa y Telmex. Otros actores como Nextel, Telefónica, MVS y las empresas radiofónicas han preferido también la cautela.
El gran negocio del 2013 aún no inicia. Y la política pública tiene aún que pasar por el Congreso y los principales actores: los ciudadanos y consumidores mexicanos.
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