Pretende Peña extinguir tierras de propiedad común, acusa FMDVD

La propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano pretende extinguir las tierras de propiedad común y los asentamientos humanos de los núcleos de población ejidal y comunal, como ya sucedió en el estado de México, cuando Peña se desempeñó como gobernador, asegura el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD).

José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del organismo, quien hizo un análisis sobre las consecuencias que traerá para los ejidatarios la probable desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, sostiene en su escrito presentado a la Cámara de Diputados que “en ninguna de las políticas que aplicará la nueva Secretaría propuesta por Peña se protegerá la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales, ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y sus actividades productivas.

El análisis elaborado por el presidente del FMDVD añade que el objetivo central de la nueva dependencia propuesta por Peña Nieto “es dividir, fraccionar y enajenar los ejidos en las tierras para el asentamiento humano y sus actividades productivas, sin haber realizado la reforma al artículo 27 fracción VII de la Constitución”.

Agrega que lo que está de fondo es “un despojo a los ejidatarios. Será el regalo de Navidad y Año Nuevo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron la campaña política de Enrique Peña Nieto”, sostuvo el FMDVD, organización civil que representa legalmente a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en el estado de México, y que denunció penalmente a diversas Sofoles por haber otorgado préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor real.

Entrevistado sobre dicho análisis, Pérez Espinoza, especialista en técnica jurídica y legislativa, aseguró a La Jornada que el Senado ya devolvió a la Cámara de Diputados la minuta para reformar los artículos 26, 41 y décimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, por lo que pidió a todas las fracciones políticas de oposición al PRI, fundamentalmente el bloque de izquierda, que tomen especial interés en los aspectos agrarios de dicha reforma, y no sólo en los temas de seguridad pública y gobernación.

“Si los diputados del bloque de izquierda, y en general de oposición al PRI, avalan la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, en los términos presentados por Peña Nieto, estarán avalando también el despojo de 31 mil núcleos agrarios (más de 100 millones de hectáreas en México), y con su voto beneficiarán a las grandes desarrolladoras inmobiliarias urbanas y turísticas del país, como Urbi, Geo, Ara, Sadasi, Promotora de Viviendas Integrales, entre otras”, afirmó Pérez Espinoza.

El estudio del presidente del FMDVD, en poder de los legisladores, refiere que “para demostrar aún más la subordinación de la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales al desarrollo territorial y urbano, sólo basta seguir analizando los datos estadísticos que nos proporciona la exposición de motivos de la iniciativa peñista, cuando señala que el Censo de Población y Vivienda 2010 nos dice, que de los 112.3 millones de habitantes del país, 62.5 por ciento, es decir alrededor de 70 millones de personas viven en 383 localidades de más de 15 mil habitantes de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas.

“Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales, con la presenta reforma inconstitucional los arrasaran, los grandes desarrolladores inmobiliarios, urbanos y turísticos tendrán sumas millonarios de ganancias ilícitas e inconstitucionales como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios panista quienes impusieron la aniquilación de los ejidos.

“Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora que han impuesto los legisladores del PRI en Comisiones, para no discutir nada y legislar al vapor, esta postura la asumen los panistas porque son parte del gran negocio territorial y urbano de las zonas metropolitanas.

“En las zonas metropolitanas del país por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de conjuntos habitacionales, se convirtieron en avecindados o ejidatarios contraviniendo la legislación agraria, el objetivo obtener los beneficios del Dominio Pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras: parcelarias, de asentamientos humanos, productivas y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias”, indica el FMDVD.

Para Humbertus Pérez no hay duda de que los grandes desarrolladores inmobiliarios del país “realizaron jugosos negocios millonarios con la complicidad de autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, donde los gobernadores del estado de México, Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto fueron grandes promotores y beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano y territorial”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ