La disputa por el territorio que libran las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva- Los Zetas y de Joaquín El Chapo Guzmán en el estado de Sinaloa fue lo que detonó la matanza de nueve personas en la comunidad de El Platanar de los Ontiveros, municipio de Concordia, reveló este miércoles la Procuraduría General de Justicia de esa entidad (PGJE).
“Son confrontaciones de la rivalidad delincuencial, derivadas de los grupos que se identifican, algunos, como de la célula Beltrán-Zetas y por otro lado del grupo del Pacífico (cártel de Sinaloa). Todo está relacionado con la disputa de territorios, en relación con la distribución y venta de droga”, dijo en conferencia de prensa el procurador Marco Antonio Higuera Gómez.
El funcionario estatal también informó que la Fiscalía a su cargo ya tiene la posible identidad de algunos de los agresores, pero se la reservó.
Además, mencionó que los gavilleros también participaron en la muerte de dos elementos de la Policía Estatal Preventiva, cerca de la presa Picachos, en Mazatlán, en noviembre pasado.
Detalló que de acuerdo con la averiguación previa 95/2012, integrada por el Ministerio Público de Mazatlán, el grupo que participó en la masacre del pasado lunes 24 estaba integrado por aproximadamente 30 personas.
Higuera Gómez señaló que el mismo día de la ejecución, la comisaria María Ontiveros Osuna informó al alcalde de Concordia, José Eligio Medina Ríos, que alrededor de las 19:30 horas un grupo armado había privado de la libertad a su esposo Francisco Gutiérrez Tirado.
Luego de los hechos, añadió, el marido de la comisaria fue trasladado a la cancha de la comunidad, donde fue ejecutado junto con otras tres personas: Feliciano Bastidas Gutiérrez, Francisco Lizárraga Pérez (quien fue decapitado) y Marcelino Rueda Medrano.
Minutos más tarde, aproximadamente a 200 metros de la cancha de basquetbol, en una tienda de abarrotes, se localizaron los cadáveres de otras cinco personas, identificadas con los nombres de: Francisco Parentes Medina, dueño del negocio; su sobrino Víctor Medina Garay; sus hijos Jesús y Francisco Parentes Páez, y su vecino Tomás Rodríguez Aguirre.
El procurador de Justicia de Sinaloa aseguró que las personas asesinadas no tienen antecedentes, aunque “hay algunas relaciones y vinculaciones que son parte de la averiguación”, dijo.
Precisó que en el lugar del primer atentado se localizaron 17 casquillos de arma de fuego conocido como “mata-policías”, mientras que en el segundo se levantaron 96 casquillos de AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, y dos ojivas del mismo calibre.
Según el fiscal, la zona estaba permanentemente vigilada por elementos del Ejército, aunque aclaró que el día de la masacre éstos se movilizaron para destruir un plantío de mariguana, por lo que los delincuentes aprovecharon para realizar la múltiple ejecución, justificó.
“El delincuente está en espera de aprovechar cualquier movimiento que haga la autoridad, por lo que el día de ayer se integraron las estrategias para reforzar no solamente la seguridad, sino ir por las personas que están siendo señaladas como probables responsables de esta agresión”, dijo.
La zona donde ocurrió la masacre es habitada por familias de desplazados por la violencia que se vive en la zona serrana de Concordia y otros 12 municipios de Sinaloa.
Según estimaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), suman entre 25 mil y 30 mil las personas que han huido de sus comunidades ante ataques y amenazas de grupos delictivos ligados al narcotráfico.
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