FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
El gobierno del Estado de México dice que esperará hasta que exista una
denuncia formal, para colaborar con las investigaciones; Arqueológos del
INAH aseguran que habían denunciado desde 2005.
El gobierno del Estado de México informó que esperará a que se interponga una denuncia formal
contra algún servidor público para poder colaborar con las autoridades
en el caso de los supuestos sobornos que la cadena Walmart habría dado a
servidores públicos para abrir una tienda en una zona restringida en
Teotihuacán, como reveló el diario estadunidense The New York Times.
A
través de una tarjeta informativa, el gobierno mexiquense refirió que
en meses pasados la Procuraduría General de la República solicitó
información sobre los trámites que se hicieron. Además defendió que la
Auditoría Superior de la Federación había determinado que la apertura de
la tienda “se dio en estricto apego y sin violentar normatividad”.
De acuerdo con The New York Times,
ejecutivos de Walmart en México sobornaron a funcionarios del municipio
de San Juan Teotihuacán, incluido el alcalde, para que modificaran un mapa de zonificación que prohibía la construcción de comercios
en el área que interesaba a la empresa, así como para que aprobaran las
licencias necesarias para poder construir una tienda a un kilómetro y
medio de las pirámides de Teotihuacán.
Arqueólogos ya habían denunciado sobornos
El
diario estadunidense también mencionó que Walmart habría pagado al
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un soborno de al
menos 45 mil dólares como “donación oficial” y un “regalo personal” de hasta 36 mil dólares a sus autoridades.
Al respecto, el arqueólogo Sergio Chávez, quien desde 2003 está a cargo de un proyecto de restauración en Teotihuacán, dijo al diario Reforma que en 2005 denunció la existencia de un cheque que beneficiaría a Verónica Ortega,
entonces jefa del Departamento de Protección Técnica y Legal y actual
subdirectora de esa zona arqueológica, quien rechazó esta versión,
aunque aceptó que hubo una denuncia en su contra
El arqueólogo Jesús Sánchez recordó que en la polémica por la autorización, un grupo académico concluyó que el proceso estaba viciado y que había sido Ortega, sin tener atribuciones, quien notificó vía telefónica el permiso de construcción.
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