La propuesta de reforma educativa que presentará este lunes el presidente Enrique Peña Nieto se prevé que incluya cambios en el artículo tercero de la Constitución y a la Ley General de Educación “para recuperar la rectoría del Estado en el sector y darle impulso a un servicio civil de carrera que excluya al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación” del proceso de ascensos en el magisterio, publica El Universal.
“Con esta reforma educativa, se establecen las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente. Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral.
De aprobarse la reforma por el Constituyente Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional”. Puntualizó Enrique Peña Nieto, durante el primer mensaje de 13 acciones de gobierno, tras la toma de posesión el 1 de diciembre.
Y agregó que había instruido a la SEP para que solicitara al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos.
La refoma también incluye la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que identificaría las necesidades de mejora de maestros, directores, supervisores, escuelas y autoridades, según el diario La Razón.
Esta Ley deberá ser aprobada en este mismo periodo de sesiones, es decir, durante el mes de diciembre.
Quizano en 20012
El Universal retomó la opinión del investigador del CIDE, Ricardo Raphael, quien consideró: “Este es un quinazo del siglo XXI”, al hacer una analogía con la detención del líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia La Quina, el 10 de enero de 1989, en el inicio del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Por su parte, Teresa Lanzagorta, de la Coalición Ciudadana, señaló que “los tres elementos que se vuelven centrales en esta iniciativa del presidente Enrique Peña son la reforma a la Constitución y a la Ley General de Educación para fortalecer el marco normativo, pero también incidir en la forma de operar de las instancias autónomas, tales como las que abordan la evaluación y el magisterio”, publica el diario.
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