AUTOR: PEDRO MATÍAS.
OAXACA, Oax. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación a las autoridades municipales
de San Juan Mazatlán, por la privación ilegal de la libertad del
sacerdote Alejandro Solalinde y de tres de sus escoltas.El 30 de diciembre de 2011, en la agencia municipal de Santiago Tutla, un grupo armado que opera con la anuencia de la autoridad del alcalde San Juan Mazatlán, encarceló al sacerdote Solalinde, coordinador de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano en la zona sursSureste, así como a sus escoltas Rubén Fuentes Bonifacio, Luis Alberto García Mendoza y Héctor Martín Maldonado Pérez.
La retención del presbítero y sus escoltas se efectuó 16:00 en un retén ubicado en la entrada de dicha localidad; posteriormente fueron llevado a la agencia municipal acusados de portar armamento. Fueron liberados con el apoyo de la Policía Estatal.
En la recomendación 12/2012 derivada de los expedientes DDHPO/002/RIX/(10)/OAX/2012 y DDHPO/015/RIX/(10)/OAX/2012, la Defensoría determinó que fueron vulnerados los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal del fundador del albergue para migrantes centroamericanos “Hermanos en el Camino” y de sus tres escoltas.
Por tal razón, demandó a la autoridad municipal que lleve a cabo “de manera inmediata una disculpa pública a los agraviados por los hechos en los que incurrieron los elementos de la Policía Municipal y el entonces agente municipal de Santiago Tutla, como una forma para reparar el daño moral de que fueron objeto”.
En la recomendación, el ombudsman oaxaqueño Arturo Peimbert Calvo pidió al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe que giré instrucciones al agente municipal de Santiago Tutla, Gaudencio Nicolás Narciso, para que, “de manera inmediata retire el retén” instalado en el acceso a esa población y se permita “el libre tránsito en aquella población”.
Asimismo, “de manera inmediata y permanente” se le recomienda que implemente las medidas necesarias “a fin de garantizar no sólo a los aquí agraviados, sino a los habitantes de Santiago Tutla, que no se repetirá la implementación de retenes en los accesos a dicha localidad (porque vulnera) la garantía de libertad de tránsito contemplada en la Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”.
De igual forma, la DDHPO pidió a la autoridad municipal que inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del exagente municipal de Santiago Tutla, Marcos Domínguez Cirilo, y de los policías municipales Juventino Santiago y Omar Reyes, así como de aquellos servidores públicos que hubieran participado en los hechos analizados en la presente resolución, y de ser procedente, se les impongan las sanciones que resulten aplicables.
Además, en la recomendación 12/2012 se establece “un plazo no mayor de 60 días naturales para impartir un curso dirigido a las autoridades municipales y a la policía municipal de Santiago Tutla, a fin de capacitarlos acerca de las facultades y obligaciones que tienen en razón de su cargo, así como en materia de derechos humanos, para evitar así la reiteración de violaciones como las que quedaron acreditadas” con esta resolución.
Mientras que al secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, le requirió que implemente mesas de diálogo con las autoridades municipales de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán Mixe, que permitan encontrar alternativas de solución con relación a las violaciones a derechos humanos.
Al procurador general de Justicia, Manuel de Jesús López, se le solicitó que inicie la indagatoria que corresponda y emita las medidas necesarias para la protección y atención de víctimas, ofendidos o testigos, y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal, con sustento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
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