Abogados del ex gobernador de Tamaulipas explicaron que los inmuebles incautados a su cliente no son de su propiedad.
El equipo que defiende al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington por acusaciones de lavado de dinero, aseguraron este viernes en conferencia de prensa que su cliente no tiene cargos penales en Estados Unidos, ni vínculo alguno con la delincuencia organizada y los inmuebles incautados no son de su propiedad.
El licenciado Marco Tulio Ruiz, aseguró que el ex priista “no es miembro de la delincuencia organizada, no realizó ni realiza ni se ha dedicado en su vida al lavado de dinero”.
Ruiz afirmó que la defensa en Estados Unidos, el licenciado Joel Androphy, explicó que “no hay ningún cargo penal en Los Estados Unidos, que los cargos penales probablemente hayan prescrito, que para poder acusar a alguien en Estados Unidos, no basta que lo hayan mencionado en la prensa, que se requiere probarlo ante una Corte”.
El abogado explicó que la imagen de Yarrington fue estigmatizada dentro del contexto de la campaña política de Enrique Peña Nieto, cuyo fin fue “golpear al candidato en ese entonces a la Presidencia de la República y a su partido”, hecho que considera como “persecución política”.
“Supimos desde ese entonces, que Tomás Yarrington era objeto de una persecución política, decidimos guardar silencio, esperando el momento oportuno, porque privilegiamos proteger su libertad, a que estuviera metido en los vendavales del contexto político”, afirmó.
Asimismo dijo que en cuando se le respeten las garantías individuales a su cliente, Yarrington comparecerá ante las autoridades.
Bienes inexistentes
Con respecto a los bienes incautados en Estados Unidos de Yarrington, Androphy afirmóa través de un traductor, que su cliente no era propietario de ningún inmueble.
“Respecto a los aseguramientos no existen pruebas respecto a que alguno de los inmuebles hayan pertenecido o que pertenezcan al señor Yarrington”.
El pasado martes se informó que un juez federal estadunidense incautó un condominio de lujo ubicado en Bridgepoint Condominiums, en la Isla San Padre, Texas, con valor cercano al medio millón de dólares, que presuntamente pertenecía al acusado.
Ver transcripción de la conferencia de prensa.
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